Con una mayoría absoluta de 144 votos, Diputados aprobó y giró al Senado el proyecto que activa la Ficha Limpia, que modifica las reglas de elegibilidad para los candidatos a cargos públicos y bloquearía a quienes tengan una condena confirmada en segunda instancia relacionada con delitos contra la administración pública -entre otros-, como es el caso de Cristina Kirchner. El texto ahora pasó al Senado, donde el Frente de Todos tiene la primera minoría y promete bloquear la ley.
Al tratarse de una cuestión electoral, la mayoría absoluta -la mitad más uno del pleno de la Cámara baja, es decir, 129 adhesiones- llegó gracias al aporte La Libertad Avanza, el PRO, la Coalición Cívica, las divididas bancadas radicales -UCR y Democracia para Siempre-, silvestres provinciales y un sector de Encuentro Federal. Del último bloque fue trascendental la participación del legislador cordobés Oscar Agost Carreño, que durante horas enlazó -junto a diputados de otros espacios- el articulado final del texto, entre idas y vueltas oficialistas e insólitas disputas con los libertarios por palabras que exigían los libertarios y confundían la redacción definitiva.
El nervio central de la ley apunta a los “delitos de fraude en perjuicio de la administración pública contemplado en el artículo 174, inciso 5 del Código Penal”. También, a los “delitos previstos en los capítulos VI-Cohecho y tráfico de influencias, VII-Malversación de caudales públicos, VIII-Negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, IX-Exacciones ilegales, IX bis-Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados, y XIII-Encubrimiento, todos ellos contemplados en el título XI-Delitos contra la administración pública, del libro segundo del Código Penal”.
Además, quedarán comprendidos en este mecanismo “todo otro delito doloso contra la administración que conlleve enriquecimiento que sea dispuesto de conformidad con lo establecido en el artículo 36 de la Constitución”. Como se supuso desde hace años, la izquierda y el kirchnerismo votaron en contra de todo esto.
El oficialismo consiguió el quorum sin demasiado problemas, ya que contó con el apoyo de todos los bloques salvo el kirchnerismo de Unión por la Patria, la izquierda y algunos miembros de Encuentro Federal -Miguel Ángel Pichetto, Nicolás Massot y Emilio Monzó-, quienes prefieren aguardar, ante este tipo de casos, un fallo de la Corte Suprema. Quienes llegaron más tarde al convite -con el número ya asegurado- fueron el titular del bloque radical, Rodrigo De Loredo, y su par del PRO, Cristian Ritondo.
Con seis dictámenes en la previa de la sesión, los libertarios cedieron ante las sugerencias dialoguistas. Las modificaciones en cuestión fueron notificadas por el miembro informante por La Libertad Avanza, Nicolás Mayoraz. Por eso la importancia de Agost Carreño, que frustró tropelías oficialistas para incorporar palabras que, en el fondo, confundían el espíritu de la ley e incluso proyectaban futuros amparos de quienes se sintieran afectados.
