El gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, dispuso un incremento significativo en las tarifas de luz y gas, afectando a usuarios en todo el país.

Este aumento se debe a la subida en los precios mayoristas y una reducción en los subsidios. El impacto de esta medida se siente especialmente en las provincias, donde las decisiones tomadas en la capital parecen desconocer las necesidades locales.

Antonio Marocco, vicegobernador de Salta, expresó su descontento con esta situación, destacando la falta de federalismo y el centralismo que caracteriza al actual gobierno. "Salta produce siete veces la energía que consume, somos exportadores de energía, y sin embargo, nuestras demandas no son atendidas. Es una deuda histórica que llevamos marcando desde hace casi cinco años de este gobierno provincial", resaltó.

Marocco criticó la decisión de aumentar las tarifas en un 90% para los ingresos bajos y un 70% para los ingresos medios, una medida tomada en la capital del país sin consultar a las provincias. "Hace 200 años peleamos por esto. Es la repetición de ese acto usual de los gobiernos centrales de marcar aún más las diferencias con esta parte del país", señaló.

La problemática de la centralización y la falta de federalismo no es nueva para las provincias del norte grande. Marocco explicó que se ha trabajado intensamente con las demás provincias de la región para visibilizar problemas comunes y buscar soluciones, pero que el centralismo hace cada vez más difícil lograr avances significativos. "Cuando el gobernador dice que el federalismo es irrenunciable, el camino es ese. Hoy estamos en un momento de unitarismo casi total y eso pega directamente en los bolsillos de la gente".

Una de las propuestas del vicegobernador es que el país debería discutir los salarios por actividad, producción y ubicación geográfica. "El triángulo más poblado del país se lleva más del 50% de lo que produce el país. Hay que desarrollar a los demás también. Por ejemplo, aquí en el norte, que tenemos litio, se pueden producir las baterías, no hacerlas en La Plata. Así se desarrolla el país."

Por último subrayó que la situación actual plantea la necesidad urgente de un federalismo real, donde las provincias tengan voz y participación en las decisiones que afectan directamente a sus economías.

Veto por falta de presupuesto

A través del Decreto Nª 388, el gobierno provincial vetó la Ley que ordenaba la expropiación de los terrenos de Ampliación Santa Ana II.

La Ley sancionada en la Legislatura de Salta ordenaba la expropiación de los catastros comprendidos en el barrio Ampliación Santa Ana, que desde hace años sufren la posibilidad de quedar sin sus terrenos.

Entre lo que establecía la norma se obligaba al gobierno a comprar los terrenos a las personas que pudieran acreditar vivir en un periodo no menor a 5 años.

En los considerados el ministerio de Economía establece que no “cuenta con la partida presupuestaria que aquel demandaría. Al respecto, el artículo 68 de la Constitución Provincial dispone que “toda ley que autorice gastos debe indicar la fuente de su financiamiento; Que en consecuencia, no contándose con partida presupuestaria, corresponde observar el proyecto sancionado en carácter de veto total”.