Cuando la situación parece llegar al límite, los gobiernos posan sus ojos sobre la Justicia. La quieren cambiar, modificar e incluso, si pudieran, eliminar. Con la modificación de cantidad de integrantes en la Corte Suprema, Cristina Fernández juega con fuego, o pone al fuego a la Constitución nacional.

Por Natalia Aguiar

El Frente de Todos logró un quorum justo en Diputados, pero logró media sanción para ampliar de cinco a quince los integrantes en la Corte Suprema. Les votó en contra la legisladora kirchnerista Eugenia Catalfamo. Buscó diferenciarse del ganador de la jornada, Adolfo Rodríguez Saá, cuya postura dinamitó el proyecto de 25 jueces empujado por gobernadores. Es que durante años Rodríguez Saá presentó proyectos sobre la Corte Suprema, con un esquema de nueve magistrados y paridad de género. Y esto fue un éxito para él. Sin embargo, también fueron claves para el quorum y la votación -no querían 25 jue ces- los usuales aliados Clara Vega, de La Rioja, y Alberto Weretilneck, de Río Negro. El último, empujó desde el inicio de la discusión un máximo tribunal de Justicia de 16 integrantes. Entonces, la cifra de 15, más la incorporación de género y de salas regionales -prometida para la eventual reglamentación- destrabaron la ley. Además, ayudó la misionera Magdalena Solari Quintana.

Hubo un fuerte rechazo de Juntos por el Cambio. Cristina estuvo ausente durante toda la sesión.

Sin lugar a dudas, este impulso del oficialismo busca presionar a los jueces que intentan acusar a Cristina y luego condenarla por supuestos hechos de corrupción en la causa Vialidad.

En un sistema democrático sólido, consolidado con seguridad jurídica, la ampliación de la Corte sería muy bueno porque cuantas más voces disidentes existieran garantizaría a los ciudadanos mejores y disimiles resoluciones con diferentes miradas jurídicas y sociales. Diferentes miradas sobre temas polémicos que afectan a la sociedad.

Esto ocurre en el sistema judicial norteamericano y en el francés, por ejemplo, pero en este contexto de Argentina, huele a presión, a castigo a los jueces. Se percibe resentimiento y hasta venganza en esta decisión política del oficialismo que el Senado podría limitar.

Non bis in idem

Ese principio de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, fue lo central en el alegato de Cristina el viernes pasado en la causa Vialidad: “Cinco veces juzgada por el mismo hecho”, y cuestionó en duros términos a la Justicia. Redobló la apuesta y va por más. “Las garantías procesales de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, y todas las demás, no aplican si sos peronista”, en un texto suscripto por la vice y titulado “De penas y olvidos”.

“Para el peronismo, Derecho Penal de autor. Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de tele visión (nadie absolutamente nadie podía ignorar lo que pasaba) para ellos Derecho Penal liberal, con todas las garantías y principios del debido proceso”, dijo indignada Cristina. La Vice expresó: “Dos causas de Asociación Ilícita, (Memorándum y Hotesur-Los Sauces), que junto a la de Vialidad, que también calificaron como asociación ilícita, forman parte de las cinco causas que en forma separada y con el mismo tipo penal se llevan adelante en mi contra o sea… Cinco veces juzgada por el mismo hecho”, e ironizó: “¿Qué nombre tendrá en latín?”, dijo en una publicación en sus redes. Todo lo dicho por Cristina fue en detrimento de la Constitución Nacional que garantiza la división de poderes y el control recíproco de ambos. El intentar controlar al poder judicial, bastión de garantías, guardián de la Constitución es tirar por tierra a nuestro sistema republicano de Gobierno. Es desconocer la legalidad, la letra constitucional, columna vertebral de la República.

¿Podrá animarse a tanto Cristina? Pues a los hechos nos remitimos. Además, el ministro de Justicia, Martín Soria, declaró públicamente que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola “deberían estar preocupados” por las “mentiras” que dijeron y pidió para ellos un tribunal de enjuiciamiento para que sean destituidos. Sonó a amenaza y bueh… era amenazante. En su alegato, Cristina culpó a los fiscales. Los culpó de haber creado el clima que hizo posible la tentativa de atentado frente a su propia casa. La Justicia investiga el hecho y si hubo o no una organización detrás de ese posible atentado. Sin embargo, el grotesco aprovechamiento que realiza el oficialismo de este hecho, resulta evidente. Es más, Cristina Fernández advirtió que acusará judicialmente a los fiscales por “prevaricato”. Para los fiscales, ella es culpable como “jefa de Asociación ilícita”. No tienen dudas y pusieron las pruebas sobre la mesa.

Uso y abuso

La historia no deja tergiversar los hechos. Fue Néstor Kirchner allá por 2004 el encargado de sanear la Corte menemista más conocida como la “mayoría automática”. Allí logró sacar a personajes nefastos de la Justicia. En cadena nacional, el 4 de junio de 2003 Néstor Kirchner pedía al Congreso que avanzara con el juicio político contra el máximo tribunal. Kirchner dijo que no quería "nada fuera de la ley", sino utilizar los "remedios de la Constitución" para "cuidar a la Corte Suprema como institución de la Nación, de alguno o algunos de sus miembros, la tristemente célebre `mayoría automática`". Así fue que el Congreso avanzó con el juicio político contra Julio Nazareno, ex titular del Máximo Tribunal, quien decidió renunciar a su cargo. Un mes y medio más tarde, diputados aprobaba la acusación por "mal desempeño de sus funciones" contra Eduardo Moliné O`Connor, quien aseguró que no renunciaría a su cargo y que enfrentaría el proceso. Luego, el 3 de diciembre de 2003 se convirtió en el primer juez de la Corte en ser destituido por el Senado. Similar fue la situación de Antonio Boggiano, quien fue destituido en el 2005 por el Congreso, mientras que Adolfo Vázquez y Guillermo López optaron por renunciar. En 2004 fueron designados ministros Eugenio Zaffaroni, Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Ricardo Lorenzetti, quien fue elegido luego por sus pares para encabezar el nuevo Máximo Tribunal. Highton de Nolasco y Lorenzetti fueron asociados a la política kirchnerista aunque también supieron calentarse bajo el sol macrista. Luego Macri, a golpe de decreto nombró a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Ahora Cristina, intenta eliminar la integración actual de la Corte, al modificarla con quince ministros con los que pretende lograr impunidad. ¡Ay de la Justicia manipulada y sometida! Quizás sea hora de que la Justicia reaccione a fuerza de ley contra quien sea que se interponga con la Constitución, con la República. Son los jueces los guardianes de la Argentina. ¡A por ella!