En Paraguay, la Policía detuvo al expresidente Santiago Peña en su domicilio, horas después de ser destituido por el Senado mediante un juicio político. La orden fue emitida por la Fiscalía, que lo investiga por presunta lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio. Peña permanecerá detenido hasta hoy, cuando será trasladado a la Fiscalía para prestar declaración.

La destitución fue aprobada con los votos de los 44 senadores presentes. Peña no asistió al Congreso, pese a haber sido convocado, y estuvo representado por sus abogados. Tras la decisión parlamentaria, el vicepresidente Pedro Alliana juró como nuevo presidente de Paraguay.
La crisis política se desató tras el cierre de Ueno Bank, una entidad que tenía 2,94 millones de clientes y que había recibido importantes recursos de organismos públicos durante la gestión de Peña. Miles de ahorristas denunciaron que no podían acceder a sus depósitos, entre ellos unos 32.000 jubilados del Instituto de Previsión Social.
Durante el juicio político, los legisladores acusadores responsabilizaron al exmandatario por el manejo de la entidad y denunciaron pérdidas cercanas a los 1.200 millones de dólares. El senador opositor Rafael Filizzola calificó el caso como «el escándalo de corrupción más grande de la era democrática en Paraguay».
La destitución generó festejos y protestas en el centro de Asunción, donde manifestantes reclamaron la devolución de sus ahorros. Peña había presentado su renuncia el jueves, pero el Congreso no consiguió reunir el quórum necesario para tratarla y finalmente avanzó con el juicio político.
En su primer mensaje como presidente, Alliana prometió compensar a los afectados por la crisis financiera y ordenó tomar medidas para devolver los fondos, con prioridad para los sectores más vulnerables. También aseguró que su gestión, hasta agosto de 2028, estará concentrada en los problemas internos del país.