Josefina Medrano

El PAMI, como se lo conoce de manera común, es uno de los lugares más desafiantes en la gestión de la salud para trabajar según mi entender. He tenido la gran oportunidad de ser la Coordinadora Ejecutiva de la Unidad de Gestión Local de Salta por 4 años antes de asumir el Ministerio de Salud Pública de la provincia, y si alguien me pregunta, en mi experiencia laboral, cual fue la mayor apuesta de gestión en mi carrera, respondería que fue la del PAMI.

El Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, como es su nombre técnico, es la obra social más grande de Latino América. Con un presupuesto para este año de 5 billones de pesos, siendo 1.6 veces mayor que el de la provincia de Salta para el mismo periodo, solo para que tomen dimensión. Actualmente el Instituto, como me gusta llamarlo, tiene aproximadamente 5,3 millones de afiliados, representando estos casi el 60% de la población de adultos mayores, estimada en poco más de 7 millones. Este volumen estratégico es innegable, pero a la hora de dar cobertura, esta claro que estas características no garantizan el adecuado cuidado de las personas.

A pesar de ser red nacional, los recursos y gran potencial del PAMI no parece encontrar su rumbo. Continúa atrapado en un modelo de gestión que parece un laberinto sin salida. La subprestación crónica, aprovechándose del modelo capitado de algunas prácticas, la sobreprestación de las practicas nomencladas, la demora en la atención, la burocracia ineficiente y los intereses que se disputan por encima del bienestar de los afiliados, son una constante. Los prestadores de salud son actores fundamentales en esta falta de rumbo del Instituto, y digo esto porque pareciera que siempre el único culpable es PAMI, y no es así, por el contrario.

Habrán visto en los medios de comunicación en estos últimos días la situación generada por el traspaso de cápitas de una empresa a otra (y vale acá un paréntesis para los que no conocen, la cápita vendría a ser el pago por persona que la obra social hace al prestador contratado de manera fija y mensual por determinadas prestaciones, las haga o no), justificado por las condiciones del lugar donde se dan y por el como se las da. Situación está que ha generado polémica por distintos actores del medio de la salud y comunicación a la que obviamente cada uno ha justificado sus intereses, que en mi opinión es válido que cada un defienda su postura.

Por supuesto en el medio están los afiliados, personas mayores que requieren atención de manera “urgente” por sus condiciones y no tienen tiempo de espera, generándoles a estas casi 16.000 personas una angustia extra por la pérdida de continuidad en sus tratamientos y la incertidumbre de donde se podrán atender y todo lo que ello implica.

En medio de esto apareció el referente de la cartera de salud de la Provincia en una entrevista en cadena 365, que sin pudor y con llamativa naturalidad, afirmó que el Hospital Militar, lugar de donde se sacan las cápitas, por el informe recibido no puede atender pacientes. “Estoy Denunciando”, “Es categórico, no puede atender “, a lo que acto seguido sumo “Como es Hospital Militar, puede atender a sus empleados, a sus militares, ahí yo no me puedo meter”. Confieso que al escucharlo quede impactada por tremendas declaraciones y quede a la espera que el periodista interviniera repreguntando o profundizando el tema. Pero no sucedió.

Seguramente este señor desconoce o no ha sido asesorado adecuadamente respecto de las responsabilidades del Ministerio a su cargo, a pesar de estar hace un tiempo. ¿Cómo es esto? debería haberse preguntado el periodista, “está inhabilitado para algunos, pero habilitado para otros”. Esta declaración, lejos de ser menor, enciende una señal de alarma que interpela el sentido más profundo de la gestión sanitaria y la responsabilidad del Estado.

¿Puede un servicio de salud estar “inhabilitado” solo para algunos y no para todos? ¿En qué se basa esa diferenciación? ¿Acaso la salud se rige por criterios de selectividad política, personal o institucional? ¿Quién toma estas decisiones y con qué fundamento técnico, normativo o ético? ¿Se desconoce las leyes vigentes sobre regulación y supervisión de los servicios y la responsabilidad del ministerio como órgano rector?

La habilitación o inhabilitación de un servicio de salud no es un acto simbólico. Es una acción con consecuencias directas sobre el acceso, la calidad, la seguridad del paciente y la legitimidad institucional. y más allá si es un hospital militar, un hospital de campaña o en el Chaco salteño. Cuando esta decisión se aplica con discrecionalidad, se cae en la peor de las prácticas: la arbitrariedad. Y la arbitrariedad en salud pública no solo es irresponsable: es peligrosa. Si un servicio está inhabilitado, debe estarlo para todos. Y si está habilitado, debe cumplir con las condiciones técnicas, legales y éticas que lo sostengan como tal.

Es tiempo de que alguien, en este caso yo por lo pronto, ponga en tela de juicios estas declaraciones por que no se trata solo de una frase sino de una forma de ejercer el poder. Y cuando ese poder afecta derechos, genera desigualdad y erosiona la confianza, se vuelve urgente cuestionarlo y eventualmente detenerlo.

Tratar de victimizar al sector público hablando de sobrecarga y el costo al estado por atender a los afiliados del PAMI, no es más que una estrategia de confusión para el común de la gente. Hacerles creer que las falencias del sector se deben a estas cosas es una forma de esconder cuantas otras situaciones. Porque el sector público tiene a su merced la capacidad de facturar a todas las obras sociales por sus servicios como también firmar convenios. Como ejemplo, y que omitió mencionar el ministro en la entrevista, el sector público tiene convenio con PAMI hace ya varios años, lo que le permitió percibir ingresos en lo que va de este año de $4.200 millones de pesos, a un promedio aproximado de $600 millones mensuales, en tiempo y forma, a diferencia de otras obras sociales. Por lo tanto, no se trata de dinero. Se trata, una vez más, de gestión.

Querer desde el Ministerio abarcar campos que no son de su competencia directa, como tener a cargo el PAMI y sin siquiera cumplir con sus responsabilidades básicas, es también un rojo en el semáforo que debe hacernos leer más allá de las palabras.

Este episodio debe ser una oportunidad para repensar seriamente cómo gestionamos la salud en la provincia. No basta con discursos vacíos. Hace falta coherencia, planificación, responsabilidad y por supuesto transparencia. El respeto por la dignidad de quienes usan y sostienen el sistema de salud todos los días, en este caso los adultos mayores y el PAMI, debe ser el norte de una gestión responsable.