El 6 de julio de 1976 ocurrió la denominada Masacre de Palomitas, en un paraje ubicado a 60 km de Salta. En la misma acribillaron a cinco mujeres y seis varones que estaban detenidos en el penal salteño de Villa Las Rosas. Una fecha trágica que no debe ser olvidada. El juez a cargo de la causa nunca estuvo tras las rejas.

Por Mariano Arancibia

En aquellos días del 76, el terror se hacía sentir en toda la provincia. El ascenso de luchas producido durante la década del 60 y 70, tuvo su brutal respuesta desde el poder que implementó un plan de exterminio en todo el país y Salta no fue la excepción.

Ya para el 74, el gobierno de Isabel de Perón había intervenido el estado salteño debido a la "manifiesta ineficacia represiva frente a la acción perturbadora de fuerzas cuya actividad ha sido declarada al margen de la ley”.

Así es que a principios de febrero de 1975, comenzó una etapa de detenciones y encarcelamientos de militantes y personas potencialmente peligrosas a sus ojos. El canillita Eduardo Fronda y el periodista Luciano Jaime fueron las primeras víctimas del rigor del operativo encabezado por el coronel Miguel Gentil y el director de Seguridad de la fuerza Joaquin Guil. Luego secuestraron y desaparecieron al ex gobernador Miguel Ragone.

En ese marco se produjo en Salta la Masacre de Palomitas: 11 personas fueron retiradas del penal de Villa Las Rosas. Celia Raquel Leonard de Ávila que se vio obligada a abandonar a su beba de tan solo cuatro meses, junto a Evangelina Botta de Nicolay, Georgina Droz, Amaru Luque de Usinger y María del Carmen Alonso de Fernández fueron conducidas por los pasillos del penal hasta un camión de transporte militar donde ya estaban Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Outes, Rodolfo Oglietti, Alberto Savransky, José Povolo y Rodolfo Usinger, que también habían sido sacados de sus celdas. En la operación participaron militares, policías y guardia cárceles.

Entre 2010 y 2011 fueron condenados culpables los militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Gentil, Hugo Cesar Espeche, Luciano Benjamín Menendez y los policías Joaquín Guil y Juan Carlos Alzugaray. El ex juez Ricardo Lona fallecido el 25 de junio pasado, terminó prácticamente impune con una condena en primera instancia y prisión domiciliaria, la cual estaba siendo apelada por sus defensores ante la Corte Suprema.

Un comunicado llegado a nuestra redacción, enviado por la Mesa de Derechos Humanos, la cual se encuentra conformada por Familiares de Detenidos y Desaparecidos, la organización Coca Gallardo, Lucrecia Barquet e H.IJ.O.S indica lo siguiente:

“Más allá de las prisiones domiciliarias y de la impunidad biológica producida por la muerte de los genocidas y la lentitud de la justicia, las condenas obtenidas para los asesinos de nuestros compañeros y compañeras masacrados en Palomitas son triunfos obtenidos por las organizaciones sociales, familiares e hijos de las víctimas”, detalla luego el documento que replica el pedido de “organismos de derechos humanos, de las madres, las abuelas, los familiares y los H.I.J.O.S.”.

En ese sentido agregan: “Que nuestros jóvenes sean los herederos del Nunca Más y que comprendan que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Queremos que en nuestro país y en Salta no quede impune la negación del terrorismo de estado, verdades que gritan los testimonios de los sobrevivientes, las tumbas clandestinas y los ex centros clandestinos de detención. Y así como no nos callamos con lo que pasó hace 46 años tampoco nos callamos frente a las muertes y víctimas del gatillo fácil, de los apremios ilegales de las condiciones de hacinamiento de los detenidos, ni de las faltas de oportunidades para nuestros jóvenes”.

Y sostienen para cerrar: "Queremos recordar a nuestros compañeros y compañeras masacradas en Palomitas evocando la coherencia que guió sus militancias. Ellos practicaron la solidaridad aun cuando fueron privados del bien más preciado, la libertad. Lejos de sucumbir ante la crueldad de sus verdugos, resistieron con dignidad, sin doblegar su voluntad. Jamás perdieron las esperanzas de continuar con la lucha, de lograr alcanzar la meta tan ansiada de igualdad para todos los ciudadanos argentinos y de la patria grande latinoamericana. Todo esto nos debe hacer reflexionar ¿Qué estamos haciendo con nuestro compromiso social?".

Nuevamente queda planteado y con más fuerza tras la muerte de Lona, si el lento andar de la justicia también se debe a la displicencia de la ciudadanía que no supera el recordatorio apenas de tremenda efeméride.