Venezuela, de manera unilateral, aprobó ayer miércoles una ley que crea un nuevo estado de 160.000 km² que ocupa en territorio que ambos países consideran como propios.

Este intento de Venezuela de anexar más de dos tercios del territorio soberano de Guyana y de convertirlo en parte de Venezuela es una flagrante violación de los principios fundamentales del derecho internacional", denunció la cancillería guyanesa en un comunicado. Al mismo tiempo el Gobierno de Guyano advirtió que “no tolerarán la anexión, toma u ocupación de ninguna parte" de su territorio soberano, mientras que Venezuela acusó a su vecino de permitir la instalación de bases militares estadounidenses en la zona en disputa.

La Ley Orgánica para la Defensa de la Guayana Esequiba que el presidente Nicolás Maduro firmó, declara al Esequibo como el estado número 24 de Venezuela.

“Es una ley para la defensa de un territorio que es nuestro, para la defensa de un mar que es nuestro y para la defensa de un ecosistema que está siendo salvajemente agredido por las petroleras y los piratas de la minería", justificó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.

La ley aprobada por el Parlamento venezolano faculta al presidente Maduro a impedirle a empresas como la ExxonMobil operar en Venezuela, dado que ya lo hacen en el Esequibo. El instrumento busca poner a las petroleras y mineras internacionales en la encrucijada de escoger entre Venezuela y Guyana.

El texto de la nueva Ley no sólo cierra las puertas para hacer negocios en Venezuela a las empresas que hoy operan en la zona en disputa, sino que también dejará sin posibilidades de ocupar cargos públicos a aquellos venezolanos que no respalden la postura oficial.

En uno de sus habituales discursos por televisió, Maduro expresó: "En el artículo 25, de manera taxativa y tajante, señores abogados, señores jueces, se faculta de manera expresa la prohibición de optar a cargos de elección popular o de acceso a cargos públicos a aquellas personas que hayan adoptado o que adopten conductas que directa o indirectamente favorezcan o respalden la posición de despojo de la República Cooperativa de Guyana, de su gobierno, de las transnacionales como la ExxonMobil".

La ley prohíbe también la circulación de mapas o documentos donde no se reconozca la soberanía sobre el territorio en reclamación, con multas de más de US$100.000 a quienes no acaten la norma.