De visita en Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, aseguró frente al presidente Nicolás Maduro en Caracas, que el caso conocido como "Venezuela I" pasa de la fase de examen preliminar a la apertura de una investigación formal.

Un memorando firmado con Venezuela dice "El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma".

La investigación buscará determinar si se cometieron crímenes contra la humanidad en el contexto de manifestaciones durante la crisis política venezolana. El memorando también recoge que Venezuela "interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma, para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación".

Maduro aseguró que respeta, pero no comparte, la decisión adoptada por la Fiscalía de la CPI. El gobierno venezolano considera que "las denuncias deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin", explica el memorando.

El documento también recoge que en la fase preliminar "no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo y que la investigación tiene por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona".

Las partes acordaron que Venezuela, como jurisdicción nacional, "adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad". También se compromete a "establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal" en Venezuela.

La apertura de una investigación formal es la continuidad del proceso iniciado en 2017, cuando la fiscal Fatou Bensouda decidió abrir un "examen preliminar" sobre la situación en Venezuela para evaluar "presuntos crímenes que pudieran ser competencia de la CPI".