El desfile de testigos reveló que entremuros funcionaba un cuadro tarifario para conseguir desde delivery de pizzas, medicamentos, celulares, puntas, salidas sin papeles y delivery de droga directo a las celdas.
Declaraciones y pruebas explosivas se ventilaron en las últimas dos semanas en el juicio contra 20 acusados —ocho de ellos del Servicio Penitenciario— señalados por integrar una rednarco criminal en la cárcel.
Carina del Valle Torres, entonces directora general del Servicio Penitenciario, fue quien detectó que presos accedían a salidas transitorias sin actas ni informes técnicos, como exige la normativa. Revisó expedientes. Faltaban firmas e intervenciones de las autoridades competentes.
Torres decidió llevar el caso a la Unidad de Delitos Económicos Complejos. Según declaró, mantuvo la denuncia en reserva incluso frente a sus superiores y solo informó al ministro de Seguridad y al subsecretario de Políticas Penales.
La narrativa que aporta el juicio es impresionante: todos los objetos prohibidos entraban por distintas vías. A veces por internos, otras por personal penitenciario, otras por visitas. Y todo estaba ordenado.
Hubo requisas que detectaron oficiales y suboficiales intentando evadir controles con teléfonos. También terceras personas que hacían de puente. Las escuchas telefónicas fueron fundamentales. Los aparatos —manipulados por los reos— permitieron seguir la cadena de contactos: familiares que recibían pedidos de transferencias, penitenciarios que coordinaban ingresos, pagos que se cruzaban en cuentas bancarias.
Los imputados del Servicio Penitenciario son: Sergio Moya, Rubén Guaymás, Francisco Bisceglia, Luis Castaño, José Alarcón y Marcos Bucotich García, Marcelo Olguín Magno.
El Tribunal de Juicio en la última audiencia ordenó la detención de Marcelo Romero, subdirector de Villas las Rosas, por minimizar la peligrosidad de las puntas secuestradas en la oficina de Jefatura diciendo que las usan para sacar punta a los lápices.
El Estrelludo
Entre los más comprometidos se encuentra Sergio Moya, apodado “El Estrelludo”. Alto jefe del Servicio Penitenciario, hoy enfrenta una grave acusación por integrar la misma estructura narcocriminal.
Según se dijo en la Sala de Grandes Juicios de Ciudad Judicial, Moya no solo movía piezas dentro de la cárcel también, en paralelo, trabajaba en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta, donde habría ofrecido servicios del mismo rubro.
Fue el jefe de investigaciones Pablo Sánchez quien describió el papel de Moya: atribuyó la coordinación de traslados irregulares de internos y la gestión de favores mediante personal de mantenimiento, utilizando solicitudes de familiares ficticios como justificación.
Moya, según el testimonio, operaba desde la alcaldía de Ciudad Judicial y exigía pagos ilegales a cambio de permitir el ingreso de alimentos o pertenencias, apropiándose de parte de lo ingresado de forma ilícita. Además, informó que desempeñaba funciones en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta, donde también gestionaba beneficios irregulares a cambio de dinero.
Bisceglia
El ingreso de pasta base y marihuana, según testigos, se hacía por medio de Francisco Bisceglia. En el interior, la distribución quedaba en manos de Manuel “El Gordo” Méndez, preso con acceso libre a celulares y otras atribuciones.
La logística sumaba a la madre del “gordo” María Inés Méndez. Ella recibía transferencias de familiares de otros internos. Un testigo de identidad reservada declaró: “El jefe Bisceglia está prendido con el Gordo Méndez y hacen estafas con los planes de auto con Renault. Usan muchos teléfonos, tienen chips en los pantalones. La droga entra por Bienestar y por el taller, y ahí se reparte”.
Entre los beneficios detectados, uno tuvo nombre y apellido: Lautaro Teruel. Según la investigación, la familia Teruel habría pagado una suma importante de dinero a funcionarios del penal para que el joven, condenado por abuso sexual, fuera trasladado al pabellón F, donde cumplen condena exmiembros de fuerzas de seguridad.
El objetivo era garantizarle una mayor tranquilidad, las gestiones se habrían realizado a través de Baldomero Córdoba, otro de los imputados, quien mantenía contacto con el jefe penitenciario Francisco Bisceglia.
La familia solicitaba traslados médicos, confirmaciones sobre revisaciones, envío de solicitudes y otros beneficios. También preguntaban por TAPLI, un programa destinado a internos con problemas de adicciones.
Cachorro
También se encuentra en problemas el oficial José Luis Alarcón, alias “Cachorro”, fue señalado como responsable de coordinar el ingreso de celulares, mediante familiares de internos.
Las pruebas presentadas incluyeron audios y capturas de pantalla de mensajes, que respaldaron las afirmaciones del comisario Sánchez.
En las escuchas el interno Manuel Méndez se jactaba de consumir drogas, asar carne y burlar el sistema carcelario. En uno de los audios, mencionaba haber conseguido “diez puntos de conducta” sin cumplir ninguna norma, y se reía junto a su madre del control que ejercía sobre los agentes para obtener privilegios.
Sigue hasta septiembre
El juicio sigue su curso hasta septiembre aproximadamente. La Fiscalía se apoya en escuchas, transferencias bancarias, testimonios, registros de requisas todos elementos que son parte de una investigación iniciada a partir de denuncias anónimas que abarcó el análisis de más de 50 cuentas bancarias y la intervención de 20 líneas telefónicas, además de recopilar 90 declaraciones testimoniales entre 2021 y 2023.
La causa es provincial, pero las intervenciones telefónicas contaron con el apoyo del Ministerio de Seguridad de la Nación a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO).
Amenazas
El procurador general de la provincia, Pedro García Castiella, en declaraciones a INFOBAE dijo que la red de corrupción involucraba tanto a personal de bajo rango como a altas autoridades del Servicio Penitenciario.
Confesó que la investigación se desarrolló en un contexto de amenazas contra agentes y familiares de internos, lo que motivó su participación directa en la Unidad Fiscal junto a los fiscales Ana Inés Salinas Odorisio, Santiago López Soto y Gustavo Torres Rubelt.
El procurador recordó una amenaza muy dura dirigida a la entonces directora del Servicio Penitenciario, Carina Torres, quien colaboró activamente con la investigación.
