La fiscal de Ciberdelitos y la jueza de Garantías 7 derivaron la causa contra Emiliano Estrada por intimidación pública al fuero federal. El empresario mediático Federico Mena Saravia, y los supuestos empleados del legislador, Javier Allemand, Florencia Bustamante y Marco Capisano, continúan en el ámbito provincial.
El Juzgado de Garantías 7, por pedido de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, declinó la competencia para tramitar la investigación en contra del diputado nacional y derivó la causa a la Justicia Federal.
Durante la audiencia de ayer, la fiscal Sofía Cornejo señaló que "Estrada reviste la calidad de diputado Nacional por la Provincia de Salta y que, habiendo sido él quien instruyó y ordenó al señor Allemand y la señora Bustamante la creación, publicación de los videos analizados en autos (por la relación laboral existente entre ellos de jefe/dependientes) y que dicho trabajo habría sido financiado mediante fondos públicos de la Administración Pública Nacional (ambos son personal de la Cámara de Diputados de la Nación asignados como asesores del Diputado Estrada), es que corresponde analizar la competencia material de dicha Unidad Fiscal y de la Justicia Provincial en General".
Detalló que la causa se abrió sobre las cuentas de TikTok que fueron creadas para cometer posibles conductas encuadradas en el artículo 211 (Intimidación Pública) y/o en su caso conductas descriptas en los artículos 109 y 110 (calumnias e injurias) del Código Penal Argentino.
Sin embargo, remarcó que el avance de la investigación "determinó la posible participación del diputado nacional Emiliano Rafael Estrada, y conductas que pudieron haber afectado la Administración Pública y el buen servicio del funcionario ante la posible comisión de las conductas descriptas en los artículos 209 (Instigación a cometer delitos), 211 (Intimidación pública) y/o artículo 261 segundo párrafo del Código Penal Argentino, por lo que frente a estas circunstancias y habiendo actuado a los fines de asegurar y recabar elementos probatorios es que se requiere que, conforme la normativa supra citada, se declare la incompetencia material de la Justicia Provincial para continuar interviniendo en esta investigación y, en consecuencia, decline la competencia y remita las actuaciones al Juzgado Federal que por turno y materia corresponda".
Delitos federales
La declinación de competencia es sólo para las conductas desplegadas por el diputado nacional Emiliano Estrada exclusivamente, porque entiende que los delitos imputados y la posible comisión de "Peculado de Servicios" al haber ordenado a empleados contratados de la Cámara de Diputados de la Nación crear las cuentas apócrifas, son delitos federales.
En audiencia de excepciones, la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, declaró la competencia federal de una causa abierta en contra del diputado nacional, Emiliano Estrado, por los delitos de intimidación pública y peculado.
La decisión fue instada por el fiscal general, Eduardo Villalba, quien señaló como fundamento principal la decisión del titular de dicho juzgado provincial, Pablo Zerdán, quien el 6 de febrero pasado, mediante una resolución, declaró su incompetencia material para seguir adelante con la investigación abierta contra el legislador nacional, no así respecto a otras cuatro personas imputadas en la misma causa, las que seguirán ligadas a la justicia provincial.
Aceptación
El representante del Ministerio Público Fiscal de la Nación sostuvo: “La justicia federal no es un órgano de apelación de las causas que se dirimen en la justicia provincial…”. Sin embargo, “dada la investidura del acusado, como así también el presunto hecho de que, a partir de empleados de la Cámara de Diputados de la Nación, habría incurrido en una conducta ilícita que afecta los intereses nacionales”, aceptó la competencia.
