Un comandante mayor retirado de Gendarmería Nacional, su hijo de 25 años, una agente del Servicio Penitenciario de Salta, y un exagente de la misma repartición, son algunos de los ocho miembros de una estructura criminal de orden trasnacional que, desde hace tres meses, explotaba una ruta de tráfico de cocaína y éxtasis de Orán a Mendoza.

El juez federal de Garantías N°1 de Salta, Julio Bavio, dio por formalizada la investigación penal seguida contra Sandra Mariela Areco Florentín, Daniel Antonio Olivera Serrano, Antonio Agustín Gutiérrez, Miguel Ángel Torres, Miguel Emanuel Torres Ibba, Francisco Salinas Campos, Paul César Heredia Comandiri y Diego Andrés Bahamonde por el delito de transporte de estupefacientes agravado por el número de intervinientes.

Con excepción de Areco Florentín, a quien se la adjudicó la condición de partícipe secundaria, el resto quedó imputado como coautores. A Comandiri y Salinas Campo, en tanto, también se les imputó los delitos de almacenamiento y tenencia de armas de uso civil, en concurso ideal y real respectivamente.

A pedido de los fiscales, el juez dispuso la prisión preventiva de los ochos acusados, medida que, en el caso de Areco Florentín, se cumplirá bajo la modalidad de arresto domiciliario, mientras que el resto lo hará en una unidad carcelaria federal.

La detención de los acusados se produjo el lunes 13 de enero en la localidad mendocina de Guaymallén, en el marco de un operativo que incluyó tareas de seguimiento, diversos allanamientos en Salta, Orán y Mendoza.

La modalidad de tráfico se llevaba adelante mediante convoy de dos o tres vehículos, uno en el que iba la droga y el resto hacían de “coche puntero”, cuya función era la de ir por delante a fin de advertir al rodado cargado sobre los controles apostados en las rutas que por las que circulaban.

Miguel Ángel Torres, quien se retiró de Gendarmería Nacional con el grado de comandante mayor, además de llegar a ocupar cargos importantes en distintas unidades de esa fuerza, con lo cual tenía un gran conocimiento en la materia.

Para dejar en claro, el fiscal explicó que la vinculación de Torres no solo surgió de su relación, directa o indirecta con Gutiérrez, sino también de aportes que fueron provistos por la Unidad Fiscal de Narcocriminalidad (UFINAR) de Salta, tal como lo promueve el Código Procesal Penal Federal respecto a la tarea conjunta entre fiscales federales y provinciales.

Tras las detenciones, y con una serie de inmuebles identificados, la fiscalía supervisó varios allanamientos más, gracias a los cuales se pudieron reunir más elementos de pruebas, como ser computadoras y documentación.

La fiscalía, basada en las pruebas recolectadas, solicitó la prisión preventiva de todos los imputados, la que fundó en la gravedad del hecho, la logística evidenciada, los riesgos de fuga y entorpecimiento, como así también la imposibilidad de que los acusados, atento a la alta escala penal de los delitos imputados, puedan tener una pena de ejecución condicional. La defensa se abstuvo de hacer objeciones, tanto a la acusación como al pedido de prisión preventiva. Ante ello, el juez se expidió en favor de los términos requeridos por el Ministerio Público Fiscal.

Esta investigación fue iniciada por la Policía de Salta y es dirigida por la Procuraduría de Narcocriminalidad regional NOA a cargo del fiscal penal Eduardo Villalba y Carlos Amad de la Unidad Fiscal Federal de Transición.

El ministro de Seguridad y Justicia, Gaspar Solá Usandivaras, destacó que la investigación narcocriminal articulada entre Provincia, Nación, las Fuerzas de Seguridad provinciales y nacionales junto al Poder Judicial es uno de los ejes centrales del Plan Güemes en la lucha contra el narcotráfico y los delitos complejos.