En la jornada de ayer, fuentes extraoficiales del Ministerio Público Fiscal de la Provincia dejaron trascender avances sobre la causa por la que se investiga una usina de noticias falsas y de cuentas apócrifas dedicadas a deslegitimar y desprestigiar a diferentes políticos y empresarios salteños.

Según se dio a conocer, en la última semana se produjeron al menos tres allanamientos. En uno de los inmuebles se habría encontrado dispositivos electrónicos en los que se editaba y se difundía el contenido difamatorio que originó la denuncia.

Los allanamientos se realizaron en los domicilios de comunicadores locales que prestan servicios a importantes dirigentes políticos salteños, por lo que se investiga la autoría intelectual y el financiamiento de las campañas.

El material era distribuido a través de redes sociales, principalmente en la plataforma TikTok, de manera anónima y desde cuentas que se presentaban como sitios de noticias pero solo difundían contenidos difamatorios sin citar fuentes ni testimonios que respalden las graves acusaciones que reproducían.

Punto Uno intentó comunicarse con funcionarios del MPF y la Fiscalía que persigue los Ciberdelitos en la provincia pero primó el hermetismo, por lo que la información fue recolectada a partir de testimonios de personas a prima facie involucradas en la investigación.

La denuncia del gobernador Sáenz

A fines de noviembre las cámaras de Senadores y de Diputados de la Provincia respaldaron institucionalmente al gobernador Gustavo Sáenz en su denuncia pública contra la difusión de noticias falsas y campañas de desprestigio en redes sociales.

En la oportunidad, legisladores de toda la provincia alentaron al Ministerio Público Fiscal a tomar cartas en el asunto para evitar la proliferación de prácticas reñidas con la democracia.

Las campañas de desprestigio no sólo se han lanzado contra el gobernador sino contra la mayoría de los principales dirigentes del arco político de todo el país.

Fuentes del Ejecutivo que siguen de cerca la causa dijeron a Punto Uno que “es imprescindible la actuación ejemplar e independiente por parte de la Justicia para evitar una escalada que dañe seriamente la credibilidad en las instituciones y el sistema democrático”.