Se desempañaba como juez de Garantías de Segunda Nominación de Orán. Según se determinó, Parisi benefició a cinco acusados de delitos graves con prisiones domiciliarias. Se lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 8 años.

Ayer, el Jurado de Enjuiciamiento, tras deliberar, hizo lugar a lo solicitado por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella, durante sus alegatos, y destituyó de su cargo, por decisión unánime, al magistrado.

Asimismo, se dispuso su inhabilitación para ejercer cargos públicos por un período de 8 años.

El pasado miércoles declararon los testigos citados por la acusación. El jueves fue el turno de los alegatos.

Al reanudarse la audiencia de debate del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial, destinada a analizar la acusación formulada contra el juez de Garantías 2 del distrito judicial de Orán, Claudio Parisi, quien se encontraba suspendido en sus funciones, se procedió a la recepción de la declaración de los testigos citados por la acusación promovida por el Procurador General de la Provincia, Pedro García Castiella.

Entre los testigos que comparecieron, brindó su testimonio la abogada Sandra Domene, quien ratificó en todas sus partes la denuncia realizada oportunamente por cohecho, en vinculación a su entonces defendido, en la causa que investiga el robo en perjuicio de la empresa Abra del Sol. Además, la letrada expuso con precisión las circunstancias en las que la familia de José Dimas Ruíz debió abonar las sumas de 10 mil y luego 5 mil dólares, bajo la amenaza de que éste sería víctima de abuso sexual en su lugar de detención.

Otro testimonio de relevancia fue el de la secretaria del Juzgado de Garantías 2, Mariana Ferreira, quien se refirió a los procedimientos que se cumplían el Juzgado y reconoció irregularidades en trámites realizados en el expediente de Rebeca Pereyra, en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

“Oreja” Martínez

Un oficial de la Policía Federal relató que estuvo a cargo de la detención de César «Oreja» Martínez en noviembre de 2021 y refirió que éste le manifestó abiertamente que “ya le había pagado al Juez” y, posteriormente, le precisó que se trataba del suspendido magistrado.

También declararon empleados administrativos que cumplieron funciones en el Juzgado, quienes se refirieron a los procedimientos que se aplicaban en la tramitación de causas, así como un técnico informático que realizó la extracción de datos de teléfonos celulares secuestrados.

Finalizadas las testimoniales, el Jurado de Enjuiciamiento, presidido por Teresa Ovejero, presidenta de la Corte de Justicia, e integrado por el juez de Corte Pablo López Viñals; los senadores Jorge Pablo Soto y Javier Mónico Graciano; los diputados Esteban Amat Lacroix y Juan Carlos Roque Posse; el Fiscal de Estado, Agustín Pérez Alsina; y los abogados Guillermo López Mirau y Pedro Mellado, designados respectivamente por las Cámaras de Senadores y de Diputados, dictaron la sentencia.