El Tribunal Oral Federal 2 dio a conocer en la jornada del jueves 9 los fundamentos de su veredicto en la causa Vialidad y desde ahora todas las partes podrán apelarlo ante la Cámara Federal de Casación Penal, entre ellas la defensa de la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner, condenada a seis años de prisión en el juicio que culminó el 6 de diciembre pasado.

Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py, difundieron los fundamentos por los cuales condenaron a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos a la vicepresidente Cristina Kirchner, en una resolución que tuvo 1.616 páginas, por la causa de Vialidad.

Los argumentos se enviaron a las partes por el sistema judicial Lex-100 y no está previsto que se realice una audiencia especial.

De esta manera, los abogados de ambas partes ya están en condiciones de apelar las condenas y las absoluciones para que sean revisadas por la Cámara Federal de Casación Penal. Para eso, tendrán 10 días hábiles.

“Se ha acreditado la intervención en la maniobra de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un empresario de la construcción dedicado a la obra pública, con el propósito de asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner”, se argumentó en el documento.

"Podemos afirmar que mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal para habilitar una respuesta punitiva”, se subrayó.

El 6 de diciembre pasado, el tribunal condenó a la vicepresidenta y a otras ocho personas, entre ellas Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de la Dirección Nacional de Vialidad Nelson Periotti y a cinco ex funcionarios de Santa Cruz a penas de entre seis y tres años de prisión.

Los jueces entendieron que cometieron el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración en la entrega de 52 obras públicas para la provincia a las empresas de Báez. A la ex presidenta también se la condenó a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

Además, dispuso el decomiso de 84 mil millones de pesos por lo que entendieron era el producto del delito.