La cuarta marcha federal universitaria reunió a miles de docentes, estudiantes, investigadores y rectores en Plaza de Mayo y distintos puntos del país. Durante el acto central, reclamaron el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y pidieron a la Corte Suprema que intervenga ante el "incumplimiento" del Gobierno nacional.

Tras meses sin cumplirse la ley de Financiamiento Universitario, docentes, no docentes, estudiantes y graduados llevaron adelante en la jornada de ayer la Cuarta Marcha Federal Universitaria para exigir al Gobierno que cumpla con la norma, cuyo destino ahora está en la Corte Suprema.

En el marco de la Cuarta Marcha Federal Universitaria, las organizaciones convocantes leyeron un duro documento contra la política educativa del gobierno de Javier Milei y reclamaron por la implementación de la ley de Financiamiento Universitario, por las universidades públicas y en defensa de la democracia.

Miles de personas se dieron cita en diferentes puntos del país, con epicentro en Plaza de Mayo, para acompañar el pedido de recomposición presupuestaria que encabezan las universidades públicas ante el ajuste que lleva adelante el Poder Ejecutivo desde el 10 de diciembre del 2023. Hasta la fecha, el Consejo Interuniversitario Nacional denuncia un recorte del 45.6% sobre los recursos.

En un duro documento firmado por el CIN y refrendado por organizaciones gremiales docentes, calificaron al financiamiento del sistema universitario nacional como "crítico" y aseguraron que la principal causa es que el Gobierno nacional "incumple la regla democrática y constitucional básica: cumplir la Ley de Financiamiento Universitario que establece un piso recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema".

En paralelo al ahogamiento sobre políticas de infraestructura para el mantenimiento de las casas de estudios, las universidades denunciaron también que se le suma la asfixia salarial impuesta por el Gobierno nacional. Desde 2024, Nación cerró las paritarias y produjo un deterioro alarmante del poder adquisitivo. Eso, según afirman, se tradujo en un "empeoramiento generalizado de las condiciones de trabajo", acompañado por "renuncias de cuadros formados, reducción de las dedicaciones, pluriempleo y crisis en las obras sociales".

Para ponerlo en números, las universidades aseguraron que mientras la inflación acumuló un 293,30% entre diciembre del 2023 y marzo del 2026, los salarios acumulan un incremento del 147,30 %, lo que se traduce en una pérdida de poder adquisitivo del orden del 37,13 %, remarcaron. "Las y los trabajadores de las universidades públicas cobran salarios que no nos permiten llegar a fin de mes y cubrir las necesidades básicas", advirtieron.

Advertencia del rector de la UBA

En horas previas a la manifestación de ayer el rector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Ricardo Gelpi, aseguró que las casas de estudios superiores atraviesan "una situación dramática".

"Estamos en una situación dramática de las universidades y de la ciencia argentina. Nos quejamos legal y pacíficamente, porque hace tiempo largo que venimos advirtiendo sobre cómo estamos", expresó el rector de la UBA.

Gelpi le dijo que los gastos de la UBA se pagan "a mes vencido y sin actualización por inflación", y reveló: "Los salarios de nuestros docentes y no docentes han perdido entre un 30% y un 40%", desde el inicio de la gestión libertaria del Gobierno nacional.

El problema de la falta de financiamiento universitario no es sólo el deterioro edilicio -que puede resultar peligroso para el público- sino también que los docentes se ven obligados a dejar sus cátedras para encontrar trabajos que les permitan subsistir.

Hasta la fecha 440 docentes investigadores se retiraron de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA; otro tanto ocurrió con 140 y 150 profesionales en Ingeniería, y otro centenar en Agronomía y Veterinaria.

El rector de la UBA reconoció entonces que "se mantiene el nivel de clases y el científico ahí, con pinzas", y que "va a haber un descenso", en la calidad de enseñanza, "porque no hay magia" que resuelva el problema estructural.

La emergencia presupuestaria de la UBA y otras universidades nacionales era uno de los puntos que debía resolver la Ley de Financiamiento Universitario que fue aprobada en 2025 por el Congreso y vetada por el presidente, Javier Milei, para luego ser reestablecida por el Poder Legislativo.

"No entiendo por qué el gobierno hace esto. Los países que funcionan bien han apostado a la educación superior y la ciencia", convino Gelpi este martes en la previa de la cuarta marcha federal universitaria.

Para el Gobierno es completamente política

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, definieron a la convocatoria como “completamente política” la cuarta Marcha Federal Universitaria.

Pettovello y Álvarez, en declaraciones a la prensa, anticiparon, además que piensan crear una comisión en las próximas semanas para rediseñar el nuevo criterio con el que distribuirán el presupuesto para los hospitales universitarios de todo el país.

Compuesto por una partida de casi 80.000 millones de pesos que no fue ejecutada en lo que va de 2026, los funcionarios afirmaron que esa reasignación contemplará a todos los hospitales universitarios del país, y que en la actualidad “el 95%” lo reclama la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Sobre los reclamos salariales de docentes y no docentes, otro de los focos principales de conflicto, Álvarez apuntó a que “Hay un reclamo genuino de salarios que nosotros lo podemos entender y está dentro del marco de la Constitución que cualquier sindicato puede reclamar una mejora salarial”, sin embargo, en este caso "por las características que tiene, está fuertemente influenciado por la política”.

Por su parte Pettovello se preguntó “¿Quién no quiere saber en qué se gasta el dinero? Ese es nuestro espíritu, nada más. No ir en contra de la UBA, ni en contra de ninguna universidad pública. Estamos a favor de la educación. Queremos desmitificar ese monstruo sagrado que la gente defiende sin saber, sin saber que pasan cosas que no están bien”.

“La gente tiene que tener información para después tomar una decisión de por qué apoya o no apoya”, agregó. “Tenemos que informarle a la sociedad en lo que estamos trabajando y de qué manera tomamos las decisiones que tomamos y por qué las tomamos. Me parece que es importante la batalla cultural”, dijo la ministra. “Queremos explicárselo para que la gente pueda tomar una decisión de qué apoyar sin ninguna connotación política y con datos reales”, completó.