Durante un procedimiento judicial, encontraron que equipamiento neonatal perteneciente al Hospital Público Materno Infantil estaba siendo utilizado en una clínica privada de la ciudad. Los dispositivos fueron encontrados en pleno funcionamiento, brindando soporte vital a bebés internados, por lo que se resolvió no retirarlos de inmediato para no poner en riesgo la salud de los pacientes.
El operativo fue realizado por personal de la Unidad de Investigación UDEC, por pedido de la fiscal penal interina de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio. El registro se llevó a cabo en la empresa NEOFENIX S.R.L. y en los servicios de Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatología que la firma presta dentro de la Clínica del Centro – Red IMAC.
En la inspección se detectaron seis equipos médicos de uso neonatal, propiedad del hospital público, que estaban instalados y en uso.
Ante esta situación, la fiscal se comunicó de inmediato con la jueza de Garantías N°8, Claudia Puertas, y de común acuerdo se decidió no secuestrar los aparatos. En su lugar, se ordenó su relevamiento e identificación, además de designar un depositario judicial, responsabilidad que quedó a cargo del encargado administrativo del establecimiento.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por el director del Hospital Público Materno Infantil Sociedad del Estado, quien alertó sobre la presunta sustracción de equipamiento médico, así como de otros dispositivos que habían sido entregados bajo la modalidad de comodato.
En el marco de la causa, también se estableció que un médico de planta del HPMI, que cumple funciones en el área de Gestión de Neonatología, es socio fundador de la empresa NEOFENIX S.R.L. La firma tiene como objeto social la prestación de servicios de neonatología y pediatría y desarrolla sus actividades en la clínica privada ubicada en calle Alvarado 858.
Presunta falsificación
A fines del año pasado, Personal del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales llevó adelante cuatro allanamientos en domicilios vinculados al Instituto Médico de Alta Complejidad y sus dependencias.
Tres de ellos se realizaron en domicilios ubicados en calle Adolfo Güemes y el cuarto en calle España al 1000 de la ciudad de Salta. En todos los casos se secuestró documentación de interés y se efectuó una copia de los datos almacenados en los sistemas informáticos del instituto, relevantes para la investigación.
La intervención de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, inició tras la denuncia penal del cardiólogo Edmundo Falú, presentada el 19 de agosto, luego de que fuera advertido sobre la existencia de certificados que llevaban su sello y una firma que no reconocía como propia. Ese mismo día, personal administrativo del Instituto Provincial de Salud (IPS) le remitió fotografías de documentación con presunta firma apócrifa y uso indebido de sus datos profesionales, lo que motivó su pedido de actuación fiscal.
El 4 de octubre, Falú amplió la denuncia y aportó actas del IPS vinculadas a controles de facturación y a una auditoría interna. Allí constaban los elementos que dieron origen al caso. Solicitó copias certificadas de dicha documentación y agregó un detalle de la facturación atribuida a su nombre durante 2024 y 2025.
Por su parte, la apoderada del Instituto Provincial de Salud de Salta presentó, el 21 de agosto, una denuncia penal contra responsables del IMAC, tras detectar irregularidades en la facturación correspondiente a junio de 2025. Según el Departamento de Control de Prestadores, durante una auditoría se observaron documentos con firmas y sellos atribuidos al cardiólogo Edmundo Ariel Falú que no serían auténticos.
