Cristian Aimo

Desde hace años nos vienen repitiendo que la libertad consiste en dejar que el mercado haga lo que quiera. Que cuanto menos intervenga el Estado, mejor vamos a vivir todos y que la famosa "mano invisible" terminará acomodando las cosas por sí sola. Sin embargo, basta mirar lo que está pasando en el mundo para entender que la realidad va por otro camino.

No es casualidad que en muchas de las democracias más desarrolladas estén apareciendo dirigentes que cuestionan este modelo. Figuras como Bernie Sanders, histórico senador estadounidense que desde hace décadas defiende los derechos de los trabajadores, la salud pública y una distribución más justa de la riqueza —con planteos que, salvando las enormes diferencias históricas y culturales, recuerdan en varios aspectos a los principios del peronismo clásico argentino, donde el trabajo y la justicia social ocupan un lugar central—, o Zohran Mamdani, una de las nuevas voces progresistas de Nueva York que desafía el poder de las grandes corporaciones, representan una mirada completamente opuesta a la que impulsan Donald Trump y los grandes grupos económicos. No hablan de autoritarismo ni de recetas fracasadas. Hablan de algo mucho más simple: que la economía debe servir a las personas y no las personas a la economía.

Mientras tanto, el mundo parece avanzar en sentido contrario. La riqueza se concentra cada vez más en menos manos, mientras millones de familias sienten que trabajar ya no alcanza. Comprar una casa parece imposible, sostener una buena educación para los hijos cuesta cada vez más y llegar a fin de mes se convirtió en un desafío cotidiano para buena parte de la clase media.

Y esto no sucede por casualidad ni por una supuesta ley natural del mercado. Son decisiones políticas que favorecen la concentración económica y que terminan debilitando el tejido social.

El resultado es una crisis que muchas veces no aparece en las estadísticas oficiales, pero que cualquiera puede ver en la calle. Los comercios venden menos, las familias recortan gastos, se suspenden vacaciones, salidas o pequeños gustos cotidianos. El consumo cae porque la gente tiene miedo de gastar. Y cuando una sociedad deja de consumir por temor al futuro, el problema ya no es económico: es emocional y cultural.

Cuando el dinero se concentra demasiado, también se concentra el poder. Entonces las grandes decisiones dejan de responder al interés general y empiezan a girar alrededor de las necesidades de las corporaciones y de los grandes fondos financieros. La democracia sigue funcionando formalmente, pero muchas veces las reglas del juego parecen escribirse lejos de donde la gente vota.

A ese escenario se suma otro fenómeno todavía más inquietante. Si durante el siglo pasado las grandes empresas hicieron fortuna explotando recursos naturales o dominando industrias, hoy las plataformas tecnológicas encontraron un negocio mucho más rentable: nosotros mismos.

Nuestros gustos, nuestras búsquedas, nuestras emociones y hasta nuestros enojos se transformaron en mercancía. Las redes sociales ya no son simples herramientas de comunicación. Son enormes máquinas diseñadas para captar nuestra atención el mayor tiempo posible.

Y para lograrlo no necesitan promover el diálogo ni el pensamiento crítico. Les resulta mucho más rentable alimentar la bronca, la polarización y el enfrentamiento permanente. Cuanto más discutimos, más tiempo permanecemos conectados. Cuanto más tiempo permanecemos conectados, más dinero generan.

El resultado es una sociedad fragmentada, donde cada uno vive dentro de su propia burbuja informativa y donde construir acuerdos básicos parece cada vez más difícil. Para cualquier democracia, eso representa un riesgo enorme.

Mientras tanto, en nuestras ciudades los problemas siguen siendo mucho más concretos. Acá no discutimos algoritmos cuando una calle está oscura o cuando una plaza necesita ser recuperada. En Salta, por ejemplo, es justo reconocer que durante los últimos tiempos se han realizado esfuerzos para mejorar espacios públicos, recuperar plazas y áreas verdes y ejecutar obras que mejoran la vida cotidiana de los vecinos.

Pero esa realidad también obliga a hacerse una pregunta incómoda: ¿cuánto más podrían crecer nuestras ciudades y nuestras provincias si desde Buenos Aires existiera una verdadera decisión política de apostar por el desarrollo del interior?

La historia argentina muestra que muchas veces el federalismo existe más en los discursos que en los hechos. Las decisiones importantes siguen concentrándose en el puerto, mientras el resto del país debe pelear permanentemente por recursos e inversiones.

Algo parecido ocurrió en Gran Bretaña durante los años de Margaret Thatcher, una dirigente admirada por nuestro actual presidente. Mientras Londres concentraba inversiones y desarrollo financiero, muchas regiones industriales quedaron abandonadas. Salvando las diferencias, Argentina corre el riesgo de repetir esa lógica: un centro cada vez más poderoso y un interior obligado a sobrevivir con menos herramientas.

Por eso muchas de las dificultades que siguen enfrentando nuestras provincias no son casualidad. Son consecuencia de un modelo que suele priorizar los grandes números de la economía antes que las necesidades concretas de las personas.

Quizás sea momento de recuperar una mirada más humana sobre el desarrollo. Entender que el crecimiento económico solo tiene sentido si mejora la vida de la gente. Que la tecnología debe servir a la comunidad y no convertirnos en simples consumidores de datos. Y que ninguna democracia puede sostenerse demasiado tiempo cuando el poder económico y tecnológico queda concentrado en pocas manos.

La verdadera libertad no consiste en abandonar a los ciudadanos a las reglas del mercado. La verdadera libertad aparece cuando todos tienen oportunidades reales para crecer, estudiar, trabajar, emprender y vivir con dignidad. Porque la economía, la política y la tecnología son herramientas que deberían estar al servicio de las personas, y nunca al revés.