A la historia la escriben los vencedores, pero a la verdadera historia -muchas veces- la escriben los sobrevivientes. La frase, inspirada en algún viejo discurso de Churchill, sirve para empezar a hablar sobre, por ejemplo, Isabel Martínez de Perón.

Por Antonio Marocco

Y tal vez también para referirnos a algunas cosas que pasaron en los últimos días. Que los relatos históricos no siempre son fieles a la realidad de los acontecimientos y sus contextos no es ninguna novedad.

Por eso es importante cuando aparecen nuevas investigaciones, documentos y textos que dan cuenta de un revisionismo más justo. Es el caso de la historia que cierta prensa oficial intentó exhibir en torno a la figura de la presidenta Isabel Perón: derrocada, presa y exiliada por la más atroz dictadura que inició el 24 de marzo de 1976, pero socavada desde mucho antes por sectores del poder que creían más en proyectos sostenidos por fusiles y muerte que por democracia y vida.

De todo esto hablamos en la Universidad San Pablo-T de Tucumán el martes pasado. Curiosamente, fue el mismo día en que la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner atravesó el epílogo de lo que fue la crónica de una condena anunciada.

Junto a amigos, compañeros y especialistas en Ciencias Políticas, el motivo que nos reunió en Tucumán fue la presentación del libro “Isabel Martínez, por siempre de Perón”, escrito por un joven y talentoso historiador, Diego Mazzieri.
Advertir en los análisis las injusticias de la historia contribuye también entender las injusticias del presente. Algunos dicen que la historia se repite, otros dicen que la historia continúa.

En definitiva, se hace valioso en estos tiempos de fragmentación social y virulencia política sentarnos a debatir. Porque solo de los debates democráticos pueden surgir los consensos más sólidos que precisan los tiempos. Y no nos equivocamos cuando decimos que la condena a la vicepresidenta fue una condena anunciada.

El lunes, en la víspera de la lectura de la sentencia, junto a los vicegobernadores de todo el país advertimos sobre el “activismo judicial”: una práctica que se traduce en un alineamiento más o menos explícito de algunos jueces con determinados sectores políticos y económicos, y que pone en jaque a todo el sistema republicano de gobierno y a los derechos y garantías de los ciudadanos de nuestro territorio.

“Estamos frente a un nuevo paradigma: el poder judicial puede funcionar como espacio de protección de derechos e instituciones republicanas, pero al mismo tiempo amenazar esos derechos e instituciones. Esta paradoja se verifica desde un doble registro: la judicialización de la política y la politización de la justicia”.

Es importante que todo el país entienda la gravedad de esta situación, que no naturalice la corrupción y la inmoralidad: ni en los poderes ejecutivos, ni en los parlamentos, ni en los estrados judiciales y corporativos.

¿Cómo puede ser que al espionaje ilegal de la administración Macri no se lo persiga? A sus negociados con el Correo Argentino, con las autopistas, con los parques solares y la patria contratista, los Panamá Papers y la administración fraudulenta de la deuda externa más grande de la historia.

Por supuesto que no se trata de una competencia ni comparación indulgente, ni de responder a todo “ah, pero Macri”.

Pero es la verdad. Soy un peronista que siempre he honrado la función pública y considero la malversación de recursos un fraude al contrato social y electoral con nuestro pueblo.

Los argentinos no somos ingenuos y sabemos que hay quienes sí han hecho del Estado un trampolín para sus ambiciones pecuarias personales. Hay casos de un lado y del otro: Y por eso señalo, por eso insisto, la Justicia suele apuntar siempre para un solo lado.

Esto queda en evidencia cuando cada tanto aparecen imágenes y documentos que impactan a la opinión pública y terminan confirmando lo que todos sospechamos. Tal fue la revelación del viaje de un grupo de influyentes personajes del poder a Lago Escondido, en las tierras del amigo íntimo de Mauricio Macri, el billonario Joe Lewis.

Jueces, fiscales, espías, empresarios mediáticos y un ministro de seguridad. Todos con intereses compartidos.

Todos parte de un mecanismo de persecución judicial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Funcionarios de primera línea y garantes de la Justicia gestionando facturas truchas, sugiriendo apremios ilegales, creyéndose impunes y construyendo relatos para justificar lo injustificable.

¿Acaso eso no es en serio una asociación ilícita? ¿En serio los partidos políticos de la democracia, por más opositores que sean, van a avalar este accionar fuera de todo principio moral y legal republicano?

Es de una deshonestidad intelectual muy grande negar que la Justicia argentina se comporta de manera irregular, cuando no parcial y discrecional. Solo el diálogo sincero y profundo podrá llevarnos a la reconciliación nacional. Estamos a tiempo, se lo debemos a los hombres y mujeres de la historia, se lo debemos a los hombres y mujeres del futuro.