Estamos pisando los últimos días de agosto con la convicción de que lo pasaremos. A pesar de los incendios en los humedales del Paraná, a pesar de la inflación récord y a pesar de la teatralización de la Justicia y la política argentina.

Por Antonio Marocco

Pasaremos agosto. No impíos de esquirlas, por supuesto.

Esta semana se prorrogó, en el marco de la Ley de Biocombustibles, la incorporación del 12,5% de biodiesel en la mezcla final de gasoil.

Esta medida es clave para el sector productivo y energético. De hecho, y a pesar que desde el Norte Grande lo veníamos reclamando desde hace tiempo, tuvimos que enfrentar una grave crisis de desabastecimiento en toda la región hasta que el Gobierno Nacional tomó nota.

La noticia fue bien recibida entre los principales actores de las economías regionales: el biocombustible significa producción de valor agregado sobre la materia prima, transición ecológica, generación de empleo, divisas y soberanía energética.

Se trata de una de las primeras instrucciones de alto impacto que llevó adelante la salteña Flavia Royón, flamante secretaria de Energía de la Nación e integrante del equipo del ministro de Economía Sergio Massa.

En esa línea, desde el Consejo Regional del Norte Grande que se reunió esta semana en Jujuy también solicitamos al gabinete nacional que se avance en una segmentación diferencial de tarifas energéticas para el NOA y NEA.

Entendemos que, hasta el momento, el sinceramiento tarifario impulsado por el Gobierno carece de una mirada realmente federal: Porque si bien es cierto que en la zona más rica del país se venían pagando boletas bimestrales muy baratas, también es cierto que en el norte seguiremos pagando boletas mucho más caras. Y el mismo debate merecen los subsidios al transporte.

De todas maneras, y es importante remarcarlo, no se trata solo de reclamar y exigir al Gobierno Nacional que solucione los problemas del postergado norte argentino. Por más buena voluntad que pudiera exhibir el Ejecutivo, no alcanzarían una ni dos, ni tres gestiones para reducir las asimetrías que llevan más de 200 años de historia.

Desde el Norte Grande hemos tomado una posición activa. En paralelo a los justos reclamos, hemos puesto en marcha un programa de desarrollo regional que incluye la búsqueda de inversiones extranjeras para el NOA y NEA en materia de energía renovable, industrialización sobre la producción primaria y explotación de litio.

En esa línea se inscribe la gira que harán los 10 gobernadores en Estados Unidos para mostrar la oferta productiva de la región y comprometer inversiones futuras. El Norte Grande tiene las proteínas, la energía, y la capacidad productiva que está empezando a exigir el nuevo orden mundial tras la pandemia y la guerra.

Salta está en marcha: tiene un Gobierno activo, con visión de desarrollo a futuro y con una gran capacidad de gestión, tanto en la dimensión local como en la regional y nacional.

Sin dudas, se pueden debatir matices, formas, proyectos. Eso es la democracia, y bienvenidos los disensos.

La democracia de alta intensidad es condición para sostener y robustecer la estabilidad institucional de cualquier estado.

Salta es la única provincia del Noroeste Argentino que, desde el retorno a la democracia, no sufrió intervenciones ni interrupciones de sus poderes constitucionales. No es un dato menor, y mucho menos si se tiene en cuenta que gobernaron diferentes signos políticos.

Este gobierno, en pos de robustecer esa democracia y consolidar los derechos de los salteños, impulsó una reforma constitucional que culminó plasmando las fuertes demandas de la sociedad.

No promovimos una reforma para perpetuarnos en el poder ni para buscar beneficios personales: hicimos una reforma para limitar los mandatos políticos, para garantizar la alternancia, para equilibrar las relaciones de fuerza y representatividad. En ningún poder habrá nunca más mandatos ilimitados: ni en el Ejecutivo, ni en el Legislativo ni en el Judicial.

Los salteños no somos tontos. Por más que sigan los embates desde los sectores conservadores del centro del país, que quieren digitar nuestro destino y decirnos a los salteños cómo tenemos que votar, cómo tenemos que elegir y bajo qué condiciones.

Las elecciones provinciales se desarrollarán de la forma en que decidan los ciudadanos a través de sus representantes, por los medios que corresponden, y constitucionalmente basado en el sistema de partidos políticos.

En esa línea, luego de un profundo trabajo bicameral, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que hoy debatirá el Senado acorde a lo que los salteños demandan.

Por eso es sano que, a pesar de los guiones porteños que pretenden hacer de las elecciones salteñas un botín a favor de la grieta, seamos capaces de repetir las reglas electorales del turno anterior, dejando en manos de los partidos la elaboración de sus plataformas y la selección de los candidatos.

Lejos de cambiar las reglas de juego de un día para el otro, nuestro sistema electoral requiere una discusión más profunda y que no puede darse con una elección a la vuelta de la esquina.