Frente a los insultos, los atropellos institucionales y los castigos presupuestarios contra las provincias, la reacción institucional seria y meditada, coordinada y contundente, se sigue haciendo esperar y no debe tardar en llegar hasta que sea demasiado tarde, hasta que la gente explote y sobrevenga el caos y el desorden.

Por Sebastián Aguirre Astigueta

Quiénes redactaron la Constitución Nacional —ganando antes el Federalismo por las armas durante la cruenta etapa de las guerras civiles argentinas del siglo XIX— no se propusieron evidentemente forjar una Nación centralizada en el Puerto de Buenos Aires y alrededores, ni mendigar derrame desde el centro enriquecido hacia la periferia pobre del País. Pero en los hechos, la práctica constitucional y el ejercicio de las distintas magistraturas han construido ladrillo a ladrillo desde 1853 a la fecha un país fuertemente centralista. Es historia conocida.

Nada ni nadie pudo detener este proceso: la Argentina terminó siendo un país federal en la letra yerma de su Constitución y los discursos vehementes de sus políticos pero unitaria en los hechos, en su conformación fáctica, en la concentración de su riqueza (generada principalmente desde el interior), hasta niveles absolutamente inaceptables. Lo siguen siendo en pleno siglo XXI.

Como suele decirse en el argot constitucional, se quiso construir “una unión indestructible de Estados indestructibles” para connotar ese Federalismo irrenunciable e inquebrantable en el ideal, pero el resultado fue -y lo es todavía-, un delicado complejo estatal que cruje y que amenaza ruina, una unión desigual que pende siempre de alfileres; y que por momentos históricos, como el del presente, en que la beligerancia de la Presidencia de la Nación contra las Provincias va in crescendo, aumenta el riesgo de un colapso imprevisible en consecuencias, del que todos somos ávidos espectadores.

La situación de hoy

No faltarán quienes, ante el caos provinciano que sobreviene o sobrevendrá (y empeorará) al compás del recorte y quita en represalia indisimulada de fondos y recursos económicos federales, como venganza ante el reciente desaire en el Congreso, pongan en tela de juicio el dogma federal de la Constitución, y postulen de nuevo la disolución nacional, la formación de ligas de acción política contra el Presidente, la separación de provincias o secesión al Estado Federal, en un inaceptable déjà vu que renueva la impactante constatación de la falta de federalismo real (como un golpe de luz artificial diría Sylvester) sólo ante las crisis políticas.

Esto además, gobierne quien gobierne, pues el origen del problema sigue siendo el mismo y proviene siempre del mismo e idéntico lugar: el del cómodo espacio del unitarismo conceptual dominante en el centro porteño, desde el que se alimenta el látigo y la billetera; el “doy para que des” o el toma y daca que el interior no termina de entender y conjugar como nocivo, desde su génesis misma ante cada fondo discrecional que se genera (reparación histórica, fiduciario, docente, tabaco, etc.) o ante cada liberalidad desde el centro porteño con recursos generados en el interior del país.

Este unitarismo del siglo XXI intentará reeditar y provocar con viejas antinomias, ataques con eslóganes nada novedosos pese a surcar el espacio con twitteos en X o videos en TikTok: les llamará a quienes resisten los ataques “gobernaciones rebeldes”, “caudillaje provinciano”, “casta del interior”, “gobernadores traidores”, “vagos que viven con la nuestra”, etc. y que básicamente no entenderían la naturaleza del “cambio” —en verdad un populismo recidivo— que no es más que un vino supuestamente nuevo en odres viejos. Otra vez Civilización y Barbarie.

La reacción federal

Pero el tema debe ser otro: es qué pasa, -contando con un arsenal de remedios federales disponible-, con la estrategia y la acción concreta de Gobernadores y autoridades varias (diputados, senadores, jueces de la Nación), que en vez de poner fin -Constitución en mano- a un mesiánico derrotero de maltratos y desquites presupuestarios varios-, al parecer seguirán sosteniendo una vela y la continuidad de un proyecto anti federal inaceptable.

Si la apuesta es al diálogo político, permítaseme adelantarles —y en esto no hay genialidad ni adivinación alguna— que no se produce ni se producirá diálogo político alguno porque no se lo entiende ni se lo antepone como condición previa de una democracia constitucional y una República Federal (el Presidente Milei ya dijo que no negocia nada, que los va a fundir a todos, que la licuadora o la motosierra no son negociables), y se pierde valioso tiempo, en vez de diseñar una estrategia de control institucional efectivo, en los términos de la Constitución. Sea controlando DNU’s, sea activando proceso de control constitucionales sobre las autoridades.

Nada suma —salvo para la tribuna—, reclamos enardecidos y vanos desde un federalismo languideciente, cuando se ha pretendido cohonestar, o ayudado a construir con omisiones imperceptibles enderezadas a dar “herramientas”, ese complejo laberinto enmarañado de dependencia centralista que ahora sofoca a los ciudadanos y ahoga sus administraciones. Lo que está pasando con el transporte o la obra pública se multiplica para docentes y jubilados, trabajadores y empresarios, científicos y consumidores. Menos en seguridad, para asegurar la represión, la intención es dejar a todos “sin un peso”.

El mal desempeño

Frente a la agresión lisa y llana, (normativa, fáctica, de mensajes radiales y de twitter, de entrevistas que mezclan insultos, admonición de males y quebrantos), frente a achiques y castigos presupuestarios contra los Gobiernos de Provincia —que constituyen todas causal mal desempeño del cargo de Presidente de la Nación—, la reacción institucional seria y meditada, coordinada y contundente, se sigue haciendo esperar y no debe tardar en llegar hasta que sea demasiado tarde, hasta que la gente explote y sobrevenga el caos y el desorden.

Sólo el Gobernador de La Rioja o el de La Pampa recientemente algo han hecho o dicho, cuando corresponde no guardarse nada si la situación lo amerita, con acciones concretas por ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y moviendo ya los engranajes del inevitable juicio público correctivo en el Congreso: el examen político del art. 53 de la Constitución Nacional por mal desempeño.

Los que han entregado banderas sin sonrojarse pronto se encolumnarán detrás de un federalismo apartidario, pues la desvergüenza no tiene límites y, ante la necesidad, se vuelve rápido. Preocupa más los que parecen perdidos o demoran en despertarse, sin razonar que el peligro político contra las Provincias debió advertirse antes de que se presente y que nunca es tarde para conjurar los males. Esa es la mejor estrategia federal, de todas.

Hay herramientas e instrumentos aptos, en la Constitución, para corregir la inocultable incapacidad del Presidente para llevar adelante la República Federal que los constituyentes han diseñada. Para reaccionar adecuadamente e imponer sino un federalismo real al menos uno limitado y posible, con un mayor respeto institucional por las autonomías provinciales y la riqueza de la Nación, del modo que no avergonzaría nuestra historia.

Solo falta tener conciencia, en vistas a la necesidad de quizás tengamos un nuevo Caseros constitucional en el horizonte, de hacer pie en lo esencial: la naturaleza agonal y a la vez constructiva del desafío en ciernes, que es no permitir la fragmentación ni el empobrecimiento nacional, ni cejar ante la extorsión o el apriete del ahogamiento económico, solo por no permitir la autocracia en la delegación de facultades extraordinarias o la suma de poderes para administrar sin controles el destino de la Nación.

Lo único que no hace falta es sobreactuar la falta de federalismo, declamándolo en los hechos sin activar los mecanismos. Precisamente ellos han sido establecidos para conjurar males como el presente o para evitar males mayores en el futuro, controlando las pulsiones hiperpresidencialistas y despóticas del mandatario de turno, para el que ya no hay que cabalgar con un ejército grande aliado libertador sobre Buenos Aires, como en 1852, sino hay que permitir el funcionamiento del Congreso, haciendo sentir todo el peso del pueblo de la Nación, comandado por los Gobernadores de Provincia, pues se ha elegido mal e indiscriminadamente al enemigo, en la persona de sus representantes.