A través de una acordada, el máximo tribunal resolvió profundizar un plan de ajuste que ya venía en marcha y que ahora suma decisiones como el congelamiento de salarios para sus integrantes.

La medida establece que los jueces de la Corte no recibirán aumentos salariales durante un período de seis meses. La decisión se tomó en línea con lo dispuesto por el Decreto 206/2026 y forma parte de una estrategia más amplia para ordenar el uso de los recursos en medio de un escenario de ingresos limitados.

Desde el organismo explicaron que no se trata de una resolución aislada, sino de la continuidad de una política que comenzó a delinearse a fines de 2023, cuando ya se habían adoptado criterios de control del gasto. En ese sentido, indicaron que el objetivo es ajustar el funcionamiento del Poder Judicial a la disponibilidad real de fondos, sin interrumpir el servicio de justicia.

Un informe técnico de la Dirección de Administración respalda la decisión. Según ese documento, la aplicación de estas medidas permitirá generar un ahorro dentro del presupuesto vigente, lo que ayudaría a sostener el funcionamiento general del sistema judicial durante este año.

El esquema de ajuste incluye varios puntos que alcanzan a todas las áreas. Por un lado, se definió que la compra de insumos y bienes de uso quede limitada a lo indispensable. Esto implica revisar gastos habituales y reducir consumos en diferentes dependencias.

También se dispuso la suspensión de pasajes y viáticos, salvo en situaciones puntuales que estén justificadas por necesidades urgentes del servicio. En la misma línea, se pidió revisar el uso de los vehículos oficiales para reducir costos operativos.

Otro eje está puesto en los servicios básicos. La acordada indica que se debe reforzar el uso racional de recursos como la energía eléctrica, el gas y la telefonía, con el objetivo de evitar gastos innecesarios.

En cuanto a contratos, la normativa establece límites en las actualizaciones de alquileres y servicios, buscando evitar incrementos que no estén directamente vinculados a necesidades concretas del funcionamiento judicial. A su vez, se ajustaron los cupos de horas de dedicación complementaria, que a partir de ahora deberán justificarse en situaciones específicas de la actividad.

La implementación de estas medidas ya está en marcha, ya que la acordada entró en vigencia de manera inmediata tras su publicación. Durante los próximos seis meses se evaluará su impacto en las cuentas del Poder Judicial.

Con este paquete de decisiones, la Corte busca ordenar el gasto interno en un contexto donde la administración de los recursos se volvió un punto central para sostener el funcionamiento de las instituciones.