Este martes 23 de abril se realizará la movilización federal universitaria que se anticipa será histórica. La primera contra el ajuste de Javier Milei, quien amenaza con aplicar el protocolo antipiquetes. Las centrales obreras prometieron estar. La propuesta oficial por ahora no se concretó.

La movilización, de tintes históricos, será a lo largo y ancho del país. Bajo el lema «En defensa de la educación pública», se concentrarán a las 15:30 en el Congreso, y de allí partirán a Plaza de Mayo. Lo mismo ocurrirá en toda Argentina. A las 18 leerán un documento frente a la Casa Rosada.  La asistencia está lejos de ser puramente universitaria: además de estudiantes, docentes y graduados, prometieron estar las centrales obreras (desde la CGT a las CTA), organismos de Derechos Humanos, organizaciones sociales y partidos políticos. Dirigentes como Sergio Massa y Axel Kicillof confirmaron que marcharán. No solo el presente está en juego: si algo representa la educación, es el futuro y el desarrollo de un país.

La Marcha Federal convocada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores del país, “será inédita por esta unidad impensada 15 años atrás», declaró a Somos Télam el titular del CIN, Victor Moriñigo. Y acotó: “Mientras eligen a universidades argentinas en el mundo, acá no financian la educación. Es muy raro. Todo el mundo nos pregunta por esto”.

Durante la movilización estrenarán un nuevo logo/símbolo que representará a todas las universidades públicas argentinas. Fue realizado por concurso y ganaron las universidades de Mar del Plata y de Santiago del Estero.

Presupuesto y ajuste

Como suele suceder con la actual administración, la posición del Ejecutivo fue de intransigencia. El presidente hablando de dar la “batalla cultural” contra el “adoctrinamiento” de las universidades públicas, y el ejército troll atacando al sector.

El designado subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, lejos de buscar conciliación apoya la teoría ideológica del presidente en relación al «adoctrinamiento». Horas atrás declaró: “Hagan lo que hagan, el dinero de la gente que va a las universidades se va a auditar” (ver aparte). Días atrás se dio este diálogo en el encuentro con rectoras y rectores en la UNSAM.

-No era Disney donde estábamos, pero en ese país las fuerzas de seguridad no entraban a desalojar trabajadores de las oficinas públicas -dijo Beatriz Gentile, rectora de la Universidad del Comahue.

Durante la semana pasada el gobierno pasó de sugerirle a las universidades que le cobren a los estudiantes extranjeros mil dólares por mes a anunciar el jueves a la noche que habían acordado con el CIN un aumento del 70% en gastos de funcionamiento. Algo desmentido por el CIN.

A pesar de haber difundido el comunicado con el título «Propuesta consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional», no hay acuerdo, el gobierno no oficializó la propuesta y tampoco cubre todos los reclamos: los gastos de funcionamiento son solo el 10% de los gastos del sector. La decisión oficial pareció perseguir el objetivo de disuadir la movilización o buscar la culpabilización del público universitario por marchar “a pesar del aumento”.

De acuerdo a lo informado a Tiempo desde Capital Humano la reunión entre las partes se dará el 30 de abril: “La agenda del encuentro incluye el financiamiento, junto con los procesos de auditoría y fiscalización de las universidades» (ver aparte).

Las universidades funcionan con el prorrogado presupuesto 2023 (votado en 2022). Es el más bajo de su historia, desde que se empezó a registrar en 1997. Tienen vida hasta junio. El vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti, aseguró: «La marcha del 23 va a ser histórica. No hubo un acuerdo, hubo una propuesta del gobierno, informal, donde se comprometen a subsanar el 25% del ajuste de los gastos de funcionamiento de las universidades, que representan solo el 10% del presupuesto universitario. El otro 90% son salarios, que siguen perdiendo un 35%, desde diciembre, ante la inflación».

Al contexto crítico se sumó la quita de subsidios en las tarifas. “Este bimestre pagamos 140 millones de pesos de luz”, graficó el rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci.

La asfixia deriva en consecuencias concretas. En una resolución del Consejo Superior, la UBA estableció que dejarán de encenderse aires acondicionados y calderas, y limitarán uso de luz y ascensores (salvo para los hospitales). En la Universidad de Comahue suspendieron por el momento el pago de Aguas Rionegrinas y la convocatoria de becas de extensión. La de Jujuy se declaró en “emergencia financiera y edilicia” y la de Salta (UNSa.) desconoce si podrá contar con las partidas para proyectos especiales con las que financian desde comedores universitarios hasta carreras, como Medicina. Sus trabajadores que se inician en las carreras cobran salarios menores a 250 mil pesos.

La Universidad Nacional de Río Negro sufre la parálisis de obras: estaban construyendo un edificio con 14 aulas, laboratorio física y química. “Le falta solamente un 2% para finalizarse”, se lamentó el vicerrector Diego Aguiar.

El ajuste universitario puede ser un punto de inflexión para el gobierno: una encuesta de esta semana de la consultora Zuban Córdoba señala que a pesar de que más de la mitad de los consultados tiene una “buena” valoración de Milei, un 89,4% aseguró está “de acuerdo” o “muy de acuerdo” en que la educación pública “es un derecho que debe ser defendido”. Y un 58,5% se mostró en contra de congelar el presupuesto de las universidades.