El Gobierno busca dar nuevas señales de que está decidido a levantar el cepo apenas pueda. Y, en ese sendero, anunció que, desde diciembre, flexibilizará los límites en los envíos de importaciones eventuales (courier) y fijó nuevos límites de importación.
Pasarán de US$1.000 a US$3.000 por operación. Se trata de un nuevo paso en el proceso de eliminar el impuesto PAIS.
Además no se abonarán aranceles por los primeros US$400 por envío, siempre que sea un bien adquirido para uso personal. En estos casos, los productos sólo abonarán IVA.
"A modo de ejemplo, una campera que en el exterior vale US$100, hoy paga US$67 en concepto de impuestos. Con esta medida, pasará a pagar US$21", dice el comunicado oficial. No obstante, aclararon que esta medida no afecta a la importación bajo el régimen del correo “puerta a puerta”, operado por los correos oficiales, para el cual se anunciarán modificaciones en las próximas semanas.
"Con estas medidas estamos dándole la oportunidad a millones de ciudadanos de elegir qué quieren comprar y dónde, de cara a las fiestas, recibiendo los productos en la puerta de su casa, y apuntando a ampliar la oferta para todos", explicó el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X, ex Twitter.
Parece un anuncio más en el marco de una política que busca ir hacia una mayor liberación del acceso al dólar y a quitar trabas para que el mercado actúe por sí solo, sin un Estado que lo controle. Pero, sin embargo, es un paso que tiene muchos efectos colaterales en la industria local, en las reservas y a nivel tributario.
Un dólar más barato
"El Gobierno lo ve como una medida que apunta a la desinflación, pero, por otro lado, es esperable que impacte de manera negativa en las reservas", dice a Ámbito el economista jefe de Vectorial, Haroldo Montagu. Y considera que éste es un lujo que el Gobierno se puede dar gracias a los dólares que entraron del blanqueo y mientras dure el cepo porque no tiene riesgos de que salte el tipo de cambio.
"Esto implica que, cuando se quiera comprar un producto de una página del exterior se cotizará a un dólar importador de $1080 y eso permite aprovechar una suerte de unificación de los tipos de cambio con el MEP", explica, en este sentido el economista Federico Glustein.
Y es que Gobierno anunció esta medida justo el día en que el dólar MEP se equiparó en precio con el tipo de cambio importador, situación que se dio este viernes 15 de noviembre. El dólar MEP arrancó al alza la jornada, pero luego se dio vuelta y por primera vez en seis meses se ubicó por debajo de los $1.100; así, la brecha cayó debajo del 10% y la cotización quedó a solo $15 del tipo de cambio importador, que hoy está en torno a los $1.078 (mayorista + Impuesto PAIS del 7,5%).
"A través de esta medida, todos los argentinos van a poder acceder a productos importados con precios más competitivos, en especial aquellos que no tienen la oportunidad de viajar. Por ende, van a poder traer ropa, juguetes y/o pequeños electrodomésticos del exterior", dijo el Gobierno.
Medida explosiva
Menciona que, hasta ahora, "se aplicaba el impuesto país a pleno, lo que encarecía el abastecimiento de bienes y servicios y con esta eliminación, saldrá lo mismo comprar localmente que en el exterior".
Desde el oficialismo, aseguraron que "las empresas podrán importar de manera más ágil los insumos, repuestos y piezas que necesiten de manera urgente para su producción"
Sin embargo, si bien puede ser una ventaja para el comprador, "la medida puede perjudicar a varios sectores de la economía local, ya que se fomentará una economía importadora, que podría ser explosiva".
"Es evidente que la medida facilita las importaciones y al bajar precios de manera indiscriminada para esta modalidad, probablemente afecta a alguna industria local", dice, en la misma línea el economista Pablo Ferrari.
Y agrega que, además, al perder otra fuente de ingresos fiscales, si el Gobierno quiere déficit cero, es esperable que deba recortar más el gasto luego de esta decisión.
Sucede que, tal como apunta el economista de Fide Pedro Gaite, lo que sucede es que el Gobierno lleva adelante una estrategia de desregulación que no tiene en cuenta las productividades de la economía local. "No contempla una política productiva planificada e implementar una apertura indiscriminada y sin planificación", apunta.
