El Gobierno nacional prorrogó por decreto la suspensión de los desalojos a las comunidades indígenas. La Ley que dispone esta prórroga tiene media sanción del Senado pero aún no fue tratada por Diputados.
Ante esto, Alberto Fernández firmó el Decreto 805/2021 asegurando la extensión de la normativa que vencía el próximo martes 23 de noviembre. De esta manera, el Poder Ejecutivo mantiene la prohibición de los desalojos de las comunidades originarias por cuatro años más, llevando el plazo al 23 de noviembre de 2025.
“Mientras se desarrolle el correspondiente procedimiento parlamentario, resulta imprescindible dar continuidad a la declaración de emergencia y disponer la vigencia de los plazos establecidos en los artículos 1°y 2° de la ley N° 26.160 y modificar su artículo 3º, hasta el 23 de noviembre de 2025, de conformidad con las pautas previstas en el proyecto de ley aprobado por el Honorable Senado de la Nación”, argumentó el Gobierno.
La Cámara Alta de Nación aprobó a fines de octubre, con 43 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones, la prórroga de la emergencia territorial indígena, proyecto que a la vez dispone que en los cuatro ejercicios presupuestarios que se aprueben con posterioridad se deberá asignar al Fondo Especial creado por la ley una suma de 290 millones de pesos. La iniciativa superó el Senado pero aún no fue tratada por la Cámara Baja.
En su artículo 2º, el texto establece la suspensión “por el plazo de emergencia declarada la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras”.
Durante los próximos cuatro años el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INANI) deberá realizar el relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, dar intervención al Estado Provincial y los Estados Municipales implicados y en caso de corresponder a la Administración de Parques Nacionales.
Además el INAI deberá presentar a partir de 2022 y antes del 30 de noviembre de cada año, ante el Congreso, un informe anual que detalle el estado de avance de mencionado proceso de relevamiento, el cual deberá incluir información georreferenciada sobre las comunidades relevadas y el proceso de relevamiento e indicará el porcentaje de avance.
En el decreto publicado esta madrugada, y que cuenta con la rúbrica de todos los ministros del Gabinete, se destacó que el Poder Ejecutivo, “a pesar de la pandemia” de COVID-19, ha culminado 73 relevamientos con sus respectivas resoluciones y se formalizaron 7 convenios interjurisdiccionales con las provincias de Neuquén, San Juan, Misiones, Santa Fe, Chaco, Salta y Jujuy.
En octubre el Senado trató esta prórroga en medio de los ataques que lleva adelante la comunidad mapuche RAM, lo que profundizó la discusión entre el oficialismo y la oposición. El resultado es que los grupos que usurparon tierras, tanto al estado como a privados, mantienen el respaldo del gobierno para seguir ocupando los lugares tomados.
