Por Franco Hessling Herrera
Esta columna reseña la anulación de la reparación de ingresos que se aprobó la semana pasada en el Congreso. Pero, también, podría terminar por ser una nota de apuntes primigenios sobre los primeros pasos de una autocracia libertaria.
Después de un mes sumidos en el debate en torno a la violencia de género que habría ejercido el expresidente Alberto Ángel Fernández a su exesposa y primera dama, la agenda política se vuelve a imponer contra todos los efectos distractivos que pueden pergeñarse desde la nada desfinanciada área de gobierno de Santiago Caputo, niño mimado del presidente. Ni golpes, ni moretones ni videos con prensa irresponsable, la realidad pasa a diario y es tan catastrófica que no hay cómo ocultarla.
Ni el genio de los trolls de Caputo ni en las artimañas evasivas del vociferante, Manuel Adorni, son suficientes para dejar de lado los hechos políticos recientes, en los que el gobierno ratifica un rumbo pasmoso para la ciudadanía. Es que, mal que le pese a los economistas empíricos o con muy bajo nivel académico, las relaciones sociales no se explican sólo con resultados macroeconómicos.
El FMI celebra el superávit fiscal como una meta deseada, tanto como la reducción de los subsidios a la energía fósil o el desfinanciamiento de la ayuda social y del sistema previsional. Así, los guarismos de la cuenta macroeconómica, cristalizados en planillas y representados en gráficos, no son más que una forma de congraciarse con el capital internacional y las instituciones financieras del perimido Breton Woods.
Sin embargo, la población argentina, como las sociedades en general, perciben la economía más por los precios, el poder adquisitivo, los ingresos netos y los gastos fijos en impuestos, antes que en las cifras sobre las que el FMI posa su lupa. Así, el gobierno ha intentado que no toda la celebración pase por el superávit fiscal y el tipo de cambio relativamente domesticado, sino también por la desaceleración de la inflación, es decir, de los precios minoristas de la canasta básica.
Contra todas las intenciones de disimulo, distracción o minimización, estos días serán recordados por el primer veto presidencial de Javier Gerardo Milei como presidente, quien no puede culpar al Congreso por destituyente dado que hasta el momento se le aprobaron al oficialismo todas las leyes troncales con las que, dicen y insisten, vienen a refundar la patria. La patria de los patricios, claro está. No la patria de los jubilados, de los jóvenes, de las mujeres y disidencias o de las comunidades originarias. La patria de los pocos.
Eso último queda demostrado precisamente por la cualidad del citado primer veto, que podría ser estudiado décadas más tarde como el primer jalón de lo que podría terminar como un gobierno definitivamente autoritario, cuando no autocrático. El veto avanza contra una reparación de ingresos para los jubilados argentinos, ciudadanos indudablemente de segunda categoría para los valores libertarios, los viejos son para LLA un “gasto”.
Si cada vez que el parlamento actúe con independencia será acusado de casta, coimeros o “degenerados” fiscales -mote que más bien aplica al diputado libertario que permanece prófugo por pedofilia-, estamos a las puertas de una autocracia libertaria. Ojalá no sea demasiado tarde para reparar tanto daño cuando despertemos de esta infausta pesadilla que es nuestra actualidad política. Cada vez más decadente.