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Por Abel Cornejo, Ministro de Seguridad y Justicia

Una inusitada crisis se desató en el seno del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Salta. El órgano que constitucionalmente tiene la delicada tarea de seleccionar ternas para la cobertura de cargos en el Poder Judicial y el Ministerio Público. Es decir que de allí salen las propuestas para que el Gobernador de la provincia elija entre los tres mejores concursantes quien ocupará una plaza como juez o jueza, fiscal o fiscala, defensor o defensora o asesor o asesora de incapaces.

Va de suyo, que la importancia institucional del cuerpo no requiere de ninguna explicación al respecto. Del acierto o error entre quienes resulten electos gravita en forma directa sobre la administración del servicio de justicia, su funcionamiento y particularmente sobre el acceso de la ciudadanía a que sus conflictos sean dirimidos con equidad. De manera tal, que si la selección no es transparente o está impregnada por la duda, la misión del Consejo, una de las más importantes del edificio institucional, se ve adulterada.

Por diferentes avatares, cada tanto el Consejo es noticia. Uno de los motivos centrales que lo ponen al desnudo en la escena y consideración pública es que quienes concursan descreen que sus exámenes son corregidos con ecuanimidad.

Y además, sospechan que cuando se conforman las ternas, las vacantes ya están adjudicadas con antelación a ser evaluados. Semejantes afirmaciones no son conjeturales, sino que representan el sentir genuino de quienes desde hace tiempo ven truncadas sus esperanzas, porque estiman que ni sus merecimientos ni sus capacidades son tenidos en cuenta de manera objetiva, sino que se sienten frustrados por la imposibilidad de ser ternados. ¿Esto es realmente así? Ha habido algunos episodios en el pasado y en el presente que parecería darles la razón.

Conforme a ello se dispuso primero que las entrevistas sean filmadas y subidas a la red y que los exámenes escritos también se grabasen, dado que hubo un caso donde un participante requería auxilio hacia el exterior de la sala examinadora mediante el uso de su teléfono celular. Pasar de la conjetura a la certeza, al decir de Borges, implica siempre un impacto.

De algo más se quejan los concursantes, y parecerían tener razón: en vez de ser tratados acordes al respeto que sus personas y profesión de abogados merecen, son reprendidos y a veces hasta humillados. No debemos perder de vista, jamás, que el abogado o la abogada que concursa, debe retornar al ejercicio de su profesión o debe volver a atender su juzgado, fiscalía, defensoría o asesoría.

Las formas y la buena educación, así como el buen trato no son prácticas perimidas de la época victoria o de la etiqueta creada bajo el reinado de Luis XIV, sino formas de la convivencia democrática. Acaso porque el respeto y la cortesía son una parte esencial de las buenas prácticas democráticas. Por el contrario, el mal trato es una impronta que humilla, intimida y provoca que numerosos postulantes altamente preparados y calificados, decidan no someterse a semejante destrato.

Otra arista no menos preocupante, es que en vez de que se decidan la ternas, apenas concluidas las entrevistas, en varias oportunidades transcurrieron varios días, lo cual, ciertamente, provoca suspicacias y resquemores.

No terminan allí los recelos hacia el Consejo. También se comprobó que los temas que se eligen para examinar o para entrevistar, muchas veces corresponden a temas jurídicos en desuso o bien a autores puntuales, como si fuesen dogmas de fe. En cambio se postergan se difiere o directamente no se evalúan temas de actualidad, conformación del sistema institucional, temas de jurisdicción y competencia y fundamentalmente las posiciones de los concursantes ante temas de jurisprudencia en los que se pueda observar la capacidad de decisión, tan necesaria tanto para la Justicia como para el Ministerio Público. También se advierte una cierta asimetría y diferentes exigencias según se trate de uno u otro concursante, lo cual redunda en la firme convicción de que sin un supuesto padrinazgo o madrinazgo, no se puede acceder a la magistratura. ¿Son realmente veraces estas aserciones? Lo primero que habría que señalar, es que no hay nada más reñido a la ética ciudadana que cuando se toma un examen compitan favoritos contra desfavorecidos.

Semejante situación corroe la credibilidad misma del sistema. Es probable como todo mito colectivo que tengan algo de razón ambas partes, pero también debemos afirmar que cuando verdaderamente se comprueban determinadas decisiones que llaman la atención, aumentan tanto el mito como las sospechas. ¿Los exámenes son o deben ser secretos? De ninguna manera, porque quien concursa adquiere inmediatamente el derecho a corroborar por sí mismo cómo fue su desempeño en comparación a los otros aspirantes. En la República el secreto debilita la fe en las instituciones.

Todos los actos públicos, con la única excepción de aquellos asuntos que comprometen la seguridad del Estado, deben tener el carácter de tales, es decir que la ciudadanía en su conjunto puede y debe saber de qué se trata. Hay otra realidad tangible: los abogados y las abogadas no somos seres dotados de la ciencia infusa ni mucho menos somos omniscientes; tenemos altas limitaciones de formación científica y sin duda alguna el futuro del Derecho será multidisciplinario, o no será nada. Exámenes sobre ciberdelitos o seguridad vial, por citar dos ejemplos próximos, requieren de la opinión y consulta de especialistas en el tema. De manera que los consultores técnicos que formulen casos y asesoren en la corrección, aún de manera no vinculante, no son una necesidad, sino una condición indispensable para disipar cualquier duda tanto a quienes concursan como a quienes corrigen.

El descrédito en la justicia no es una entelequia. Es probable que desde el retorno de la Democracia nunca estuvo en niveles tan bajos. Por más que haya pregoneros que intentan vanamente justificarse, lo cierto es que es un imperativo impostergable de la hora generar cambios que le devuelvan su prestigio, de una vez y para siempre. Es imposible que lo recupere si desde dentro del duro núcleo corporativo que resulta impermeable a los cambios y a las críticas se resiste de manera sistemática y pequeñas elites decadentes sienten como propios los cargos, como si hubiésemos retornado y restaurado el régimen colonial, donde los cargos se ejercían en propiedad, a la par que se excluía al pueblo y a los americanos. Es de suponer que absolutamente nadie más que la corporación quiere eso. Estará en manos de cada uno de los poderes públicos bregar porque ese cambio sea rápido y posible. Porque un pueblo que no cree en su justicia, comienza a descreer en sus instituciones y eso nunca más debe suceder ni en Salta, ni en la Argentina.